El president de la Generalitat, Salvador Illa, alcanza este sábado el ecuador de la legislatura, dos años después de su investidura, con sus primeros Presupuestos aprobados pero con las grandes carpetas del mandato todavía sin cerrar: la financiación singular, la recaudación tributaria y la crisis educativa siguen pendientes, condicionadas además por el rumbo de la legislatura española y por la aplicación de la amnistía. Enfrente, Junts se ha erigido en alternativa al Govern y ha cargado con dureza contra el balance socialista, al que acusa de estar «hundiendo» Cataluña.. El segundo tramo de mandato queda en manos de lo que Illa no controla: una financiación singular que, sin el PP, depende del voto en el Congreso de Junts —hoy su alternativa declarada—; una amnistía que puede devolver a Junqueras a las urnas y a Puigdemont a Cataluña; y un año electoral capaz de mover los equilibrios que sostienen al Govern justo cuando el president promete acelerar.. Illa reivindica el rumbo de su Ejecutivo. En su balance del curso político, defendió que Cataluña venía de «una cierta parálisis institucional». Sostuvo, por ello, que casi dos años después el Govern está «cumpliendo», además de recuperar la estabilidad. Su principal aval es presupuestario: las cuentas aprobadas, las primeras en más de tres años, que llegaron casi en el ecuador del mandato por la falta de avances en algunos compromisos y que, admite, podrían ser las únicas de la legislatura.. El primer frente abierto es también uno de los principales pactos de investidura con ERC: la financiación singular que debe avanzar hacia la «plena soberanía fiscal» de Cataluña. A principios de 2026, Gobierno, Generalitat y republicanos anunciaron un acuerdo que reportaría a Cataluña unos 4.600 millones de euros más al año, pero que choca con la oposición del PP y de las comunidades que gobierna. El modelo se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aplazado a septiembre a petición de los populares, y su aprobación posterior en el Congreso no está garantizada: sin el PP, resulta imprescindible Junts, que rechaza el pacto y defiende el concierto económico. En paralelo, la gestión compartida del IRPF por la Agència Tributària de Catalunya no llegará antes de 2028.. La educación amenaza con reabrirse al inicio del curso. Los sindicatos mayoritarios han anunciado huelga desde el primer día pese al acuerdo con los minoritarios para invertir 2.700 millones en tres años y reducir ratios y burocracia. Al conflicto se suman la polémica por el error en las pruebas PISA, que la oposición quiere llevar a una comparecencia de Illa en el Parlament, y la infiltración de agentes de los Mossos d’Esquadra en asambleas docentes.. La vivienda sigue siendo la principal preocupación de los catalanes. El Govern combina más construcción —los planes de vivienda protegida y de movilización de suelo— con más regulación, a instancias de los Comuns. El Parlament ya aprobó a finales de 2025 la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, aunque la limitación de las compras especulativas ha quedado en el aire tras el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Illa reivindica que Cataluña es de los pocos territorios que han declarado zonas tensionadas de forma generalizada.. La movilidad ha marcado el mandato. La red de Rodalies vivió en enero una crisis sin precedentes tras el accidente de Gelida, que coincidió con el mes que Illa pasó apartado de sus funciones por una osteomielitis púbica. El president fía la mejora a su triple estrategia de infraestructura, trenes y gobernanza, esta última ligada al traspaso de la red a una empresa mixta con el Estado, otro compromiso con ERC.. Sobre todo ello planea la aplicación de la Ley de Amnistía a los líderes del ‘procés’, en especial a Carles Puigdemont, cuyo regreso permitiría, y a Oriol Junqueras, que podría volver a presentarse a las elecciones. Illa ha reclamado a los tribunales una aplicación «diligente e integral» de la norma, avalada en julio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.. Frente a ese balance, Junts ha tomado la palabra para presentarse como recambio. Su presidenta en el Parlament, Mònica Sales, sostuvo este viernes que Illa «está hundiendo Cataluña» y que el país «está peor que hace dos años», con las infraestructuras «colapsadas», los servicios públicos «degradados» y la clase media «ahogada» con más impuestos. Acusó al president de «sumisión a Madrid» y de actuar como «la voz del PSOE en Cataluña» en lugar de la voz de Cataluña en Madrid.. Sales situó la vivienda como «punto de inflexión» y reclamó a Illa dejar de hacer «seguidismo» de los Comuns tras el dictamen del Consell de Garanties. En financiación, insistió en el concierto económico como «frente común» frente a la propuesta singular, y sobre un eventual regreso de Puigdemont avisó de que su partido será «muy cuidadoso», después de que el aval europeo a la amnistía haya reabierto la vía de su retorno.. El PP también ha suspendido el balance del mandato. Su portavoz en el Parlament, Lorena Roldán, ha calificado de «muy deficiente» la gestión de Illa —«todo ha ido a peor», ha resumido en declaraciones a EFE— y le ha reprochado un relato «triunfalista» ajeno a la realidad, como si el president viviera «en el país de las maravillas». La dirigente popular ha enumerado el alza de las listas de espera en sanidad y dependencia, un acceso a la vivienda «prácticamente imposible» para los jóvenes y el aumento de la inseguridad, y ha instado a Illa a «cambiar de políticas, de rumbo y de socios». En esa última exigencia ha apuntado a los Comuns, a los que ve como «herederos» de Ada Colau y a los que responsabiliza de unas políticas de vivienda que considera fallidas.
El president reivindica estabilidad y sus primeras cuentas en tres años, mientras Junts se presenta como alternativa y lo acusa de «hundir» Cataluña
El president de la Generalitat, Salvador Illa, alcanza este sábado el ecuador de la legislatura, dos años después de su investidura, con sus primeros Presupuestos aprobados pero con las grandes carpetas del mandato todavía sin cerrar: la financiación singular, la recaudación tributaria y la crisis educativa siguen pendientes, condicionadas además por el rumbo de la legislatura española y por la aplicación de la amnistía. Enfrente, Junts se ha erigido en alternativa al Govern y ha cargado con dureza contra el balance socialista, al que acusa de estar «hundiendo» Cataluña.. El segundo tramo de mandato queda en manos de lo que Illa no controla: una financiación singular que, sin el PP, depende del voto en el Congreso de Junts —hoy su alternativa declarada—; una amnistía que puede devolver a Junqueras a las urnas y a Puigdemont a Cataluña; y un año electoral capaz de mover los equilibrios que sostienen al Govern justo cuando el president promete acelerar.. Illa reivindica el rumbo de su Ejecutivo. En su balance del curso político, defendió que Cataluña venía de «una cierta parálisis institucional». Sostuvo, por ello, que casi dos años después el Govern está «cumpliendo», además de recuperar la estabilidad. Su principal aval es presupuestario: las cuentas aprobadas, las primeras en más de tres años, que llegaron casi en el ecuador del mandato por la falta de avances en algunos compromisos y que, admite, podrían ser las únicas de la legislatura.. El primer frente abierto es también uno de los principales pactos de investidura con ERC: la financiación singular que debe avanzar hacia la «plena soberanía fiscal» de Cataluña. A principios de 2026, Gobierno, Generalitat y republicanos anunciaron un acuerdo que reportaría a Cataluña unos 4.600 millones de euros más al año, pero que choca con la oposición del PP y de las comunidades que gobierna. El modelo se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aplazado a septiembre a petición de los populares, y su aprobación posterior en el Congreso no está garantizada: sin el PP, resulta imprescindible Junts, que rechaza el pacto y defiende el concierto económico. En paralelo, la gestión compartida del IRPF por la Agència Tributària de Catalunya no llegará antes de 2028.. La educación amenaza con reabrirse al inicio del curso. Los sindicatos mayoritarios han anunciado huelga desde el primer día pese al acuerdo con los minoritarios para invertir 2.700 millones en tres años y reducir ratios y burocracia. Al conflicto se suman la polémica por el error en las pruebas PISA, que la oposición quiere llevar a una comparecencia de Illa en el Parlament, y la infiltración de agentes de los Mossos d’Esquadra en asambleas docentes.. La vivienda sigue siendo la principal preocupación de los catalanes. El Govern combina más construcción —los planes de vivienda protegida y de movilización de suelo— con más regulación, a instancias de los Comuns. El Parlament ya aprobó a finales de 2025 la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, aunque la limitación de las compras especulativas ha quedado en el aire tras el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Illa reivindica que Cataluña es de los pocos territorios que han declarado zonas tensionadas de forma generalizada.. La movilidad ha marcado el mandato. La red de Rodalies vivió en enero una crisis sin precedentes tras el accidente de Gelida, que coincidió con el mes que Illa pasó apartado de sus funciones por una osteomielitis púbica. El president fía la mejora a su triple estrategia de infraestructura, trenes y gobernanza, esta última ligada al traspaso de la red a una empresa mixta con el Estado, otro compromiso con ERC.. Sobre todo ello planea la aplicación de la Ley de Amnistía a los líderes del ‘procés’, en especial a Carles Puigdemont, cuyo regreso permitiría, y a Oriol Junqueras, que podría volver a presentarse a las elecciones. Illa ha reclamado a los tribunales una aplicación «diligente e integral» de la norma, avalada en julio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.. Frente a ese balance, Junts ha tomado la palabra para presentarse como recambio. Su presidenta en el Parlament, Mònica Sales, sostuvo este viernes que Illa «está hundiendo Cataluña» y que el país «está peor que hace dos años», con las infraestructuras «colapsadas», los servicios públicos «degradados» y la clase media «ahogada» con más impuestos. Acusó al president de «sumisión a Madrid» y de actuar como «la voz del PSOE en Cataluña» en lugar de la voz de Cataluña en Madrid.. Sales situó la vivienda como «punto de inflexión» y reclamó a Illa dejar de hacer «seguidismo» de los Comuns tras el dictamen del Consell de Garanties. En financiación, insistió en el concierto económico como «frente común» frente a la propuesta singular, y sobre un eventual regreso de Puigdemont avisó de que su partido será «muy cuidadoso», después de que el aval europeo a la amnistía haya reabierto la vía de su retorno.. El PP también ha suspendido el balance del mandato. Su portavoz en el Parlament, Lorena Roldán, ha calificado de «muy deficiente» la gestión de Illa —«todo ha ido a peor», ha resumido en declaraciones a EFE— y le ha reprochado un relato «triunfalista» ajeno a la realidad, como si el president viviera «en el país de las maravillas». La dirigente popular ha enumerado el alza de las listas de espera en sanidad y dependencia, un acceso a la vivienda «prácticamente imposible» para los jóvenes y el aumento de la inseguridad, y ha instado a Illa a «cambiar de políticas, de rumbo y de socios». En esa última exigencia ha apuntado a los Comuns, a los que ve como «herederos» de Ada Colau y a los que responsabiliza de unas políticas de vivienda que considera fallidas.
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