La celebración de elecciones generales, prevista para 2027, ya ha generado una nueva polémica. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha echado en cara a Pedro Sánchez estar recabando «nuevos votantes» a través de la aplicación de la Ley de Nietos.Esta disposición adicional, incluida en la Ley de Memoria Democrática, permite solicitar la nacionalidad española a determinados descendientes de ciudadanos españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.Este es el caso de Lucía que, este martes, ha visitado el plató de Espejo Público: «Ya en 2012, mi padre se nacionalizó y yo quedé fuera. Toda mi familia era española y yo no». Así, gracias a la Ley de Nietos, Lucía pudo tramitar su nacionalización: «Empecé en marzo de 2023 y en 2025 conseguí la nacionalización».Además, Lucía ha asegurado que «quería venir a España desde siempre»: «La mayoría de los ancestros son europeos huyendo de algo y es una manera de devolvernos este derecho que hubiéramos tenido si hubiéramos nacido aquí». Por su parte, Máchelin Díaz, abogada especializada en extranjería, ha señalado que «es importante que sepan que cuando un español se nacionaliza, no se incluye en el censo electoral hasta dos años o un año después (…). La propia ley de Memoria Democrática tiene unos atascos que hacen que las solicitudes se demoren dos años. Hay un cuello de botella en los consulados».Desde el plató del matinal, Juan Soto Ivars, sin embargo, ha criticado este movimiento político de Pedro Sánchez: «Un político que hizo trampas en la tesis, intentó un pucherazo en las primarias, tiene en prisión a tres secretarios de organización imputados… que es un trilero… puede usar esto para cambiar el censo electoral y barrer para casa con el voto exterior».En la misma línea, el colaborador ha agregado que ya no le sorprende ninguna maniobra del PSOE «después de vivir en un país sin presupuestos, lo cual es claramente inconstitucional»: «Las instituciones españoles están en tal grado de corrosión que no se puede achacar a la oposición el hecho de corromper el sistema democrático».
Juan Soto Ivars ha asegurado que Pedro Sánchez «es un trilero».
20MINUTOS.ES – Televisión
La celebración de elecciones generales, prevista para 2027, ya ha generado una nueva polémica. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha echado en cara a Pedro Sánchez estar recabando «nuevos votantes» a través de la aplicación de la Ley de Nietos.Esta disposición adicional, incluida en la Ley de Memoria Democrática, permite solicitar la nacionalidad española a determinados descendientes de ciudadanos españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.Este es el caso de Lucía que, este martes, ha visitado el plató de Espejo Público: «Ya en 2012, mi padre se nacionalizó y yo quedé fuera. Toda mi familia era española y yo no». Así, gracias a la Ley de Nietos, Lucía pudo tramitar su nacionalización: «Empecé en marzo de 2023 y en 2025 conseguí la nacionalización».Además, Lucía ha asegurado que «quería venir a España desde siempre»: «La mayoría de los ancestros son europeos huyendo de algo y es una manera de devolvernos este derecho que hubiéramos tenido si hubiéramos nacido aquí». Por su parte, Máchelin Díaz, abogada especializada en extranjería, ha señalado que «es importante que sepan que cuando un español se nacionaliza, no se incluye en el censo electoral hasta dos años o un año después (…). La propia ley de Memoria Democrática tiene unos atascos que hacen que las solicitudes se demoren dos años. Hay un cuello de botella en los consulados».Desde el plató del matinal, Juan Soto Ivars, sin embargo, ha criticado este movimiento político de Pedro Sánchez: «Un político que hizo trampas en la tesis, intentó un pucherazo en las primarias, tiene en prisión a tres secretarios de organización imputados… que es un trilero… puede usar esto para cambiar el censo electoral y barrer para casa con el voto exterior».En la misma línea, el colaborador ha agregado que ya no le sorprende ninguna maniobra del PSOE «después de vivir en un país sin presupuestos, lo cual es claramente inconstitucional»: «Las instituciones españoles están en tal grado de corrosión que no se puede achacar a la oposición el hecho de corromper el sistema democrático».
