Un total de 6.267 personas se dirigieron el pasado año al Procurador del Común para presentar alguna queja, lo que ha dado lugar a la apertura y tramitación de otros tantos expedientes, aunque se han computado 2.206 reclamaciones ya que los 4.078 expedientes restantes han sido tramitados como consecuencia de la presentación de 17 reclamaciones múltiples. A todo ello se unen 143 actuaciones promovidas de oficio, con especial atención a la prevención y extinción de incendios forestales, el abastecimiento de agua potable en municipios afectados por contaminación por nitratos y la accesibilidad de las personas con discapacidad. También llevaó a cabo 1.333 resoluciones y 1.103 recomendaciones o sugerencias a las administraciones. Estos son, grosso modo, algunos de los datos que se extraen del informe correspondiente al 2025 que el defensor del pueblo castellano y leonés, Tomás Quintana, ha presentado este martes en las Cortes de Castilla y León. Durante su exposición desvelaba que a fecha de 28 de febrero de este año se habían recibido 865 contestaciones, correspondientes al 78,42 por ciento de las resoluciones emitidas. De ellas, fueron aceptadas las formuladas en 730 ocasiones (el 84,39 por ciento de ellas), de las cuales 650 lo fueron en su totalidad (el 75,14 por ciento) y 80 parcialmente (el 9,25 por ciento). En cambio, fueron rechazadas en 135 casos, que representan el 15,61 por ciento de las contestaciones recibidas. Y sobre las quejas registradas, se emitieron 1.009 resoluciones, de las que 819 contenían recomendaciones, sugerencias o recordatorios. Con referencia ahora a las actuaciones de oficio, a lo largo de 2025, dictaron 324 resoluciones dirigidas a las correspondientes administraciones o entidades públicas. Mediante 284 resoluciones formulamos recomendaciones, de las que han sido aceptadas el 96,35 por ciento. La actuación que generó un mayor volumen de expedientes fue la oposición al proyecto de instalación de una planta de biogás en el barrio leonés de La Lastra, que motivó 2.962 reclamaciones, seguida por las 476 relacionadas con la reducción de consultas de Pediatría en Cistierna (León). También destacaron las 248 quejas por la limpieza de fincas y solares en Marugán (Segovia) debido al riesgo de incendios, así como diversas reclamaciones vinculadas a procesos de reclasificación profesional de empleados públicos. El procurador del Común advertía de la existencia de un “problema estructural” de contaminación de las aguas por nitrato o arsénico en pequeños municipios de todas las provincias de Castilla y León, debido a su “reiteración” y “extensión territorial”. En este sentido, aseguraba que el abastecimiento de agua potable fue el pasado año la materia que mayor número de quejas y actuaciones de oficio concentró. De esta forma, se incoaron -dijo- 98 expedientes de oficio, con objeto de constatar la existencia de contaminación en los suministros. Sin embargo, ante la “persis
El PP destaca el documento muestra que el Gobierno autonómico está «en el camino correcto y de mejora constante» mientras que el PSOE asegura que cuestiona la «autocomplacencia» de Mañueco y Vox apunta al pacto de Gobierno como solución a las demandas ciudadanas
Un total de 6.267 personas se dirigieron el pasado año al Procurador del Común para presentar alguna queja, lo que ha dado lugar a la apertura y tramitación de otros tantos expedientes, aunque se han computado 2.206 reclamaciones ya que los 4.078 expedientes restantes han sido tramitados como consecuencia de la presentación de 17 reclamaciones múltiples. A todo ello se unen 143 actuaciones promovidas de oficio, con especial atención a la prevención y extinción de incendios forestales, el abastecimiento de agua potable en municipios afectados por contaminación por nitratos y la accesibilidad de las personas con discapacidad.También llevaó a cabo 1.333 resoluciones y 1.103 recomendaciones o sugerencias a las administraciones.Estos son, grosso modo, algunos de los datos que se extraen del informe correspondiente al 2025 que el defensor del pueblo castellano y leonés, Tomás Quintana, ha presentado este martes en las Cortes de Castilla y León.Durante su exposición desvelaba que a fecha de 28 de febrero de este año se habían recibido 865 contestaciones, correspondientes al 78,42 por ciento de las resoluciones emitidas. De ellas, fueron aceptadas las formuladas en 730 ocasiones (el 84,39 por ciento de ellas), de las cuales 650 lo fueron en su totalidad (el 75,14 por ciento) y 80 parcialmente (el 9,25 por ciento). En cambio, fueron rechazadas en 135 casos, que representan el 15,61 por ciento de las contestaciones recibidas.Y sobre las quejas registradas, se emitieron 1.009 resoluciones, de las que 819 contenían recomendaciones, sugerencias o recordatorios. Con referencia ahora a las actuaciones de oficio, a lo largo de 2025, dictaron 324 resoluciones dirigidas a las correspondientes administraciones o entidades públicas. Mediante 284 resoluciones formulamos recomendaciones, de las que han sido aceptadas el 96,35 por ciento.La actuación que generó un mayor volumen de expedientes fue la oposición al proyecto de instalación de una planta de biogás en el barrio leonés de La Lastra, que motivó 2.962 reclamaciones, seguida por las 476 relacionadas con la reducción de consultas de Pediatría en Cistierna (León).También destacaron las 248 quejas por la limpieza de fincas y solares en Marugán (Segovia) debido al riesgo de incendios, así como diversas reclamaciones vinculadas a procesos de reclasificación profesional de empleados públicos.El procurador del Común advertía de la existencia de un “problema estructural” de contaminación de las aguas por nitrato o arsénico en pequeños municipios de todas las provincias de Castilla y León, debido a su “reiteración” y “extensión territorial”.En este sentido, aseguraba que el abastecimiento de agua potable fue el pasado año la materia que mayor número de quejas y actuaciones de oficio concentró. De esta forma, se incoaron -dijo- 98 expedientes de oficio, con objeto de constatar la existencia de contaminación en los suministros.Sin embargo, ante la “persistencia”
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