Ante la polémica suscitada por el posible «chivatazo» al alcalde de Soria, Javier Antón, y al secretario regional del PSOE, Carlos Martínez, del registro al Ayuntamiento de Soria en el marco de la Operación Fuentona por parte de los agentes de la Guardia Civil -supuesto aviso que provocado que PP y Vox hayan anunciado una querella ante un posible delito de revelación de secretos-, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha emitido ste vierne un comunicado en el que explica las actuaciones judiciales desarrolladas. Así, al Alto Tribunal ha aclarado hoy que, en el marco de lo previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, envió el pasado lunes un oficio al alcalde de Soria, Javier Antón, en el que se le informaba de la posibilidad de entrar y registrar las dependencias municipales, “sin que se concretaran ni la fecha ni la hora de la actuación, ni se detallaran el objeto de las diligencias, los hechos investigados y las posibles infracciones penales, como tampoco las personas afectadas” El TSJCyL explica que los órganos judiciales pueden acordar la entrada y registro en dependencias públicas cuando existan indicios relevantes para una investigación. En concreto: El artículo 546 establece que el juez o tribunal podrá decretar la entrada y registro en edificios y lugares públicos cuando existan indicios de que en ellos puedan encontrarse personas, efectos o documentación relacionada con un delito. El artículo 547 considera edificios o lugares públicos, entre otros, aquellos destinados a servicios oficiales de la Administración estatal, autonómica o local, incluyendo expresamente los dependientes de los municipios. El artículo 564 dispone que, en estos casos, el órgano judicial debe dirigirse a la autoridad o responsable del lugar -en este caso, quien ostenta la custodia de la documentación municipal- a fin de posibilitar la práctica de la diligencia, previendo asimismo que, en caso de no atenderse el requerimiento en el plazo fijado, la notificación pueda realizarse al encargado de la conservación o custodia del edificio. El TSJ de Castilla y León se centra en este último punto y explica que el Tribunal de Instancia de Soria remitió un oficio al alcalde de Soria el día 22 de junio, limitándose a dar cumplimiento a dicha previsión legal. En el mismo, el Alto Tribunal informa que se puso en su conocimiento la posibilidad de practicar una actuación de entrada y registro en dependencias municipales, sin que se concretaran ni la fecha ni la hora de la actuación, ni se detallaran el objeto de las diligencias, los hechos investigados y las posibles infracciones penales, como tampoco las personas afectadas. Además, detalla que, de oficio, incorporó una advertencia expresa sobre el carácter secreto de las actuaciones y sobre las posibles consecuencias jurídicas derivadas de la revelación de cualquier información relacionada con las mismas. En respuesta a dicho requerimiento, el alcald
El Alto Tribunal hace referencia al artículo 564 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y explica que se envió un oficio al primer edil «sin que se concretaran ni la fecha ni la hora de la actuación, ni se detallaran el objeto de las diligencias, los hechos investigados y las posibles infracciones penales, como tampoco las personas afectadas”
Ante la polémica suscitada por el posible «chivatazo» al alcalde de Soria, Javier Antón, y al secretario regional del PSOE, Carlos Martínez, del registro al Ayuntamiento de Soria en el marco de la Operación Fuentona por parte de los agentes de la Guardia Civil -supuesto aviso que provocado que PP y Vox hayan anunciado una querella ante un posible delito de revelación de secretos-, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha emitido ste vierne un comunicado en el que explica las actuaciones judiciales desarrolladas.Así, al Alto Tribunal ha aclarado hoy que, en el marco de lo previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, envió el pasado lunes un oficio al alcalde de Soria, Javier Antón, en el que se le informaba de la posibilidad de entrar y registrar las dependencias municipales, “sin que se concretaran ni la fecha ni la hora de la actuación, ni se detallaran el objeto de las diligencias, los hechos investigados y las posibles infracciones penales, como tampoco las personas afectadas”El TSJCyL explica que los órganos judiciales pueden acordar la entrada y registro en dependencias públicas cuando existan indicios relevantes para una investigación.En concreto:El artículo 546 establece que el juez o tribunal podrá decretar la entrada y registro en edificios y lugares públicos cuando existan indicios de que en ellos puedan encontrarse personas, efectos o documentación relacionada con un delito.El artículo 547 considera edificios o lugares públicos, entre otros, aquellos destinados a servicios oficiales de la Administración estatal, autonómica o local, incluyendo expresamente los dependientes de los municipios.El artículo 564 dispone que, en estos casos, el órgano judicial debe dirigirse a la autoridad o responsable del lugar -en este caso, quien ostenta la custodia de la documentación municipal- a fin de posibilitar la práctica de la diligencia, previendo asimismo que, en caso de no atenderse el requerimiento en el plazo fijado, la notificación pueda realizarse al encargado de la conservación o custodia del edificio.El TSJ de Castilla y León se centra en este último punto y explica que el Tribunal de Instancia de Soria remitió un oficio al alcalde de Soria el día 22 de junio, limitándose a dar cumplimiento a dicha previsión legal.En el mismo, el Alto Tribunal informa que se puso en su conocimiento la posibilidad de practicar una actuación de entrada y registro en dependencias municipales, sin que se concretaran ni la fecha ni la hora de la actuación, ni se detallaran el objeto de las diligencias, los hechos investigados y las posibles infracciones penales, como tampoco las personas afectadas.Además, detalla que, de oficio, incorporó una advertencia expresa sobre el carácter secreto de las actuaciones y sobre las posibles consecuencias jurídicas derivadas de la revelación de cualquier información relacionada con las mismas.En respuesta a dicho requerimiento, el alcalde trasladó su tota
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