El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley con el que el Gobierno de España va a realizar la mayor inversión de su historia al sistema de la dependencia: 6.200 millones de euros más (6.162.904.040 €), solo entre 2026 y 2027. Una cifra récord que se alcanzará mediante una reforma estructural de la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) y que consistirá en un incremento de las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tenga reconocido un grado de dependencia. Cuantías que serán duplicadas en el caso de las personas con mayor dependencia y que, por tanto, requieren más recursos.. Las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes. Las cuantías para el grado II (dependencia severa) suben un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes. Las cuantías para el grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.. En total, estos incrementos implican que la aportación económica del Gobierno de España a la dependencia alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones de euros en 2027. Esto supone que el año que viene, la inversión del Estado en dependencia será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década, cuando el ejecutivo que gobernó entre 2011 y 2018 recortó su aportación al SAAD en más de 5.400 millones de euros. Recortes que fueron revertidos en la pasada legislatura con un plan de choque que puso en marcha el Gobierno de España y que permitió duplicar la aportación estatal.. De esta manera, el Gobierno de España da el primer paso para refundar el sistema de la dependencia, ampliando su aportación a la financiación del SAAD.. Lo hace a través del real decreto-ley aprobado este martes, cuyos efectos serán inmediatos. A partir del 1 de julio de este año 2026, la AGE (Administración General del Estado) comenzará a transferir una cantidad mayor de dinero a los gobiernos de las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia exclusiva de gestionar la dependencia. Además, se blinda a futuro esta inversión ampliada ya que supondrá una obligación para el Estado, independientemente de cuál sea el gobierno y de su situación presupuestaria, y dado que estas nuevas cuantías para cubrir los niveles mínimos de protección sólo podrían revertirse por una norma con rango de ley.. Se consolida así esta nueva financiación, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y, al mismo tiempo, enfrentar nuevos retos como el envejecimiento de la población o los cambios en las estructuras familiares. Igualmente, este incremento en la financiación supondrá, de manera inmediata, aumentar las prestaciones de más de 1,6 millones de personas en España (hay 1.682.785 personas con prestación efectiva según los últimos datos publicados por el Imserso, a fecha de 31 de mayo de 2026, en nuestro país). Y, así mismo, esto se traducirá en que en 2027 la aportación del Estado al SAAD alcanzará el 50% del gasto total de la dependencia, lo que implica que el Gobierno culmine este compromiso político firmado en el acuerdo de coalición.. Con este importante paso para refundar el SAAD, el Gobierno de España no sólo pone a disposición de los gobiernos de las comunidades más recursos para poder llevar a cabo mejoras en el sistema, también para que puedan avanzar hacia el nuevo modelo de cuidados que impulsó el Ministerio de Derechos Sociales hace dos años con una estrategia estatal para desinstitucionalizar a las personas en situación de dependencia. Es decir, para dejar atrás un enfoque asistencialista de los cuidados y avanzar hacia uno más centrado en la persona, en el que disponga de más derechos y autonomía, y que priorice su voluntad (como la de vivir en su hogar o en entornos próximos y comunitarios).
Es el mayor incremento de la historia en la aportación del Gobierno a la dependencia
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley con el que el Gobierno de España va a realizar la mayor inversión de su historia al sistema de la dependencia: 6.200 millones de euros más (6.162.904.040 €), solo entre 2026 y 2027. Una cifra récord que se alcanzará mediante una reforma estructural de la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) y que consistirá en un incremento de las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tenga reconocido un grado de dependencia. Cuantías que serán duplicadas en el caso de las personas con mayor dependencia y que, por tanto, requieren más recursos.. Las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes. Las cuantías para el grado II (dependencia severa) suben un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes. Las cuantías para el grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.. En total, estos incrementos implican que la aportación económica del Gobierno de España a la dependencia alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones de euros en 2027. Esto supone que el año que viene, la inversión del Estado en dependencia será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década, cuando el ejecutivo que gobernó entre 2011 y 2018 recortó su aportación al SAAD en más de 5.400 millones de euros. Recortes que fueron revertidos en la pasada legislatura con un plan de choque que puso en marcha el Gobierno de España y que permitió duplicar la aportación estatal.. De esta manera, el Gobierno de España da el primer paso para refundar el sistema de la dependencia, ampliando su aportación a la financiación del SAAD.. Lo hace a través del real decreto-ley aprobado este martes, cuyos efectos serán inmediatos. A partir del 1 de julio de este año 2026, la AGE (Administración General del Estado) comenzará a transferir una cantidad mayor de dinero a los gobiernos de las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia exclusiva de gestionar la dependencia. Además, se blinda a futuro esta inversión ampliada ya que supondrá una obligación para el Estado, independientemente de cuál sea el gobierno y de su situación presupuestaria, y dado que estas nuevas cuantías para cubrir los niveles mínimos de protección sólo podrían revertirse por una norma con rango de ley.. Se consolida así esta nueva financiación, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y, al mismo tiempo, enfrentar nuevos retos como el envejecimiento de la población o los cambios en las estructuras familiares. Igualmente, este incremento en la financiación supondrá, de manera inmediata, aumentar las prestaciones de más de 1,6 millones de personas en España (hay 1.682.785 personas con prestación efectiva según los últimos datos publicados por el Imserso, a fecha de 31 de mayo de 2026, en nuestro país). Y, así mismo, esto se traducirá en que en 2027 la aportación del Estado al SAAD alcanzará el 50% del gasto total de la dependencia, lo que implica que el Gobierno culmine este compromiso político firmado en el acuerdo de coalición.. Con este importante paso para refundar el SAAD, el Gobierno de España no sólo pone a disposición de los gobiernos de las comunidades más recursos para poder llevar a cabo mejoras en el sistema, también para que puedan avanzar hacia el nuevo modelo de cuidados que impulsó el Ministerio de Derechos Sociales hace dos años con una estrategia estatal para desinstitucionalizar a las personas en situación de dependencia. Es decir, para dejar atrás un enfoque asistencialista de los cuidados y avanzar hacia uno más centrado en la persona, en el que disponga de más derechos y autonomía, y que priorice su voluntad (como la de vivir en su hogar o en entornos próximos y comunitarios).
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