Las asociaciones Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) han respaldado el proyecto de instalación de barreras móviles en el Guadalquivir para impedir la entrada de narcolanchas, aunque han exigido mayores recursos para combatirlas de forma eficaz. Este proyecto, enmarcado en el control de las rutas fluviales, supondrá una inversión superior a los 12 millones de euros tras un convenio con la Autoridad Portuaria de Sevilla, según avanzó la semana pasada en el Senado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien detalló que ha supuesto una tramitación de un año.. Desde la AUGC han valorado cualquier medida que dificulte la actuación criminal, pero han precisado que, sin la declaración de Zona de Especial Singularidad, un refuerzo real de efectivos, mayor protección jurídica y dotación de medios idóneos, la iniciativa será «un mero parche». Esta asociación ha subrayado que la reciente muerte de dos guardias civiles en acto de servicio frente a la costa de Huelva evidencia la gravedad de la amenaza.. Para la AUGC, el narcotráfico es ya «una amenaza directa a la seguridad», por lo que ha considerado imprescindible recuperar el principio de autoridad y garantizar el respaldo institucional a los agentes.. En una línea similar, Jucil ha valorado la medida, ha destacado que haya demostrado eficacia en otros puntos como San Roque (Cádiz) y ha confiado en que su puesta en marcha pueda concretarse «en cuestión de semanas», aunque ha insistido igualmente en que las barreras deben formar parte de una «estrategia mucho más amplia». La organización ha reclamado que la infraestructura se acompañe de un refuerzo de las plantillas, mejores medios marítimos y tecnológicos, y seguridad jurídica frente a redes delictivas cada vez más violentas.. Asimismo, ha reiterado la necesidad de reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo y declarar la Zona de Especial Singularidad en los territorios más afectados.. La provincia de Cádiz cuenta con dos antecedentes en este tipo de infraestructuras, la primera instalada en 2001 en Barbate, con un presupuesto de 210.000 euros, y operativa varios años hasta que fue rota por los narcotraficantes. La segunda, ubicada en el río Guadarranque (San Roque), finalizó en 2016 con un coste de más de 231.000 euros y supuso una barrera, compuesta por pilotes de acero rellenos de hormigón fijados al lecho del río, que ha sufrido diversos sabotajes por parte de las mafias, pero que tras ser reparada continúa en funcionamiento impidiendo el acceso de las planeadoras.. Colectivos ecologistas han advertido de que estas instalaciones pueden generar problemas durante lluvias torrenciales debido a la acumulación de residuos y vegetación, lo que provoca un «efecto presa». El delegado en Cádiz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), José Antonio Belizón, ha advertido de que estas estructuras «duran lo que quieran los narcos» y resultan «totalmente ineficaces» si no se reparan de forma inmediata tras sufrir un sabotaje.
Las asociaciones de la Guardia Civil reclaman más medios humanos y materiales
Las asociaciones Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) han respaldado el proyecto de instalación de barreras móviles en el Guadalquivir para impedir la entrada de narcolanchas, aunque han exigido mayores recursos para combatirlas de forma eficaz. Este proyecto, enmarcado en el control de las rutas fluviales, supondrá una inversión superior a los 12 millones de euros tras un convenio con la Autoridad Portuaria de Sevilla, según avanzó la semana pasada en el Senado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien detalló que ha supuesto una tramitación de un año.. Desde la AUGC han valorado cualquier medida que dificulte la actuación criminal, pero han precisado que, sin la declaración de Zona de Especial Singularidad, un refuerzo real de efectivos, mayor protección jurídica y dotación de medios idóneos, la iniciativa será «un mero parche». Esta asociación ha subrayado que la reciente muerte de dos guardias civiles en acto de servicio frente a la costa de Huelva evidencia la gravedad de la amenaza.. Para la AUGC, el narcotráfico es ya «una amenaza directa a la seguridad», por lo que ha considerado imprescindible recuperar el principio de autoridad y garantizar el respaldo institucional a los agentes.. En una línea similar, Jucil ha valorado la medida, ha destacado que haya demostrado eficacia en otros puntos como San Roque (Cádiz) y ha confiado en que su puesta en marcha pueda concretarse «en cuestión de semanas», aunque ha insistido igualmente en que las barreras deben formar parte de una «estrategia mucho más amplia». La organización ha reclamado que la infraestructura se acompañe de un refuerzo de las plantillas, mejores medios marítimos y tecnológicos, y seguridad jurídica frente a redes delictivas cada vez más violentas.. Asimismo, ha reiterado la necesidad de reconocer a la Guardia Civil como profesión de riesgo y declarar la Zona de Especial Singularidad en los territorios más afectados.. La provincia de Cádiz cuenta con dos antecedentes en este tipo de infraestructuras, la primera instalada en 2001 en Barbate, con un presupuesto de 210.000 euros, y operativa varios años hasta que fue rota por los narcotraficantes. La segunda, ubicada en el río Guadarranque (San Roque), finalizó en 2016 con un coste de más de 231.000 euros y supuso una barrera, compuesta por pilotes de acero rellenos de hormigón fijados al lecho del río, que ha sufrido diversos sabotajes por parte de las mafias, pero que tras ser reparada continúa en funcionamiento impidiendo el acceso de las planeadoras.. Colectivos ecologistas han advertido de que estas instalaciones pueden generar problemas durante lluvias torrenciales debido a la acumulación de residuos y vegetación, lo que provoca un «efecto presa». El delegado en Cádiz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), José Antonio Belizón, ha advertido de que estas estructuras «duran lo que quieran los narcos» y resultan «totalmente ineficaces» si no se reparan de forma inmediata tras sufrir un sabotaje.
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