Las fundaciones desempeñan un papel fundamental para la cohesión social, la dinamización territorial y la respuesta a necesidades que muchas veces no encuentran otros puntos de apoyo. Una labor que, lejos de lo coyuntural, se ha ido consolidando como parte de la arquitectura social de nuestro entorno, sosteniéndose en el tiempo con vocación de permanencia y una presencia que, aunque en ocasiones discreta, resulta decisiva en múltiples ámbitos. En España, según cifras de la Asociación Española de Fundaciones, existen más de 10.500 fundaciones activas, con un conjunto que da empleo a 286.690 personas, alcanza a millones de beneficiarios y representa en torno al 2,4% del PIB. Unos datos que, leídos en su globalidad, dibujan la existencia de un ecosistema sólido, organizado y profesionalizado.. Sin embargo, muchas de estas entidades, especialmente las de menor tamaño, afrontan hoy diferentes retos que pueden condicionar su capacidad de crecimiento y, en algunos casos, incluso comprometer su continuidad en el medio plazo. La financiación se sitúa, en este sentido, como uno de los principales puntos de tensión, no solo por su disponibilidad, sino por la necesidad de construir modelos más diversificados, capaces de aportar estabilidad a proyectos que, en muchas ocasiones, se desarrollan en horizontes largos y con fuerte dependencia de recursos.. A este escenario se suman otras realidades igualmente relevantes, como la creciente dificultad para atraer y retener talento en un entorno donde las organizaciones compiten por perfiles especializados, la exigencia de avanzar en procesos de digitalización que requieren inversión, conocimiento y tiempo de adaptación, o la necesidad de reforzar estructuras internas que permitan ordenar el crecimiento sin perder la cercanía y la flexibilidad que caracterizan a muchas de estas entidades. Hablamos de desafíos que se entrelazan y condicionan mutuamente, configurando un contexto en el que la sostenibilidad organizativa se convierte en un elemento determinante para que las entidades más pequeñas puedan proyectarse con mayor solidez.. En paralelo, cobran cada vez más peso factores de carácter estructural, como la despoblación o el envejecimiento de la población, que trascienden de las propias organizaciones e impactan directamente en su capacidad de actuación. Especialmente, en zonas rurales y en lo que respecta a la acción social y la preservación del patrimonio cultural. Según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda, estos territorios presentan de forma general menores niveles de renta per cápita y renta familiar, salarios más bajos que en el ámbito urbano y, en consecuencia, mayores niveles de riesgo de pobreza, junto con una mayor tasa de dependencia y pensiones contributivas de menor cuantía. Y, por otro lado, no podemos olvidar que el 80% del patrimonio cultural se halla en el medio rural, según la Red Española de Desarrollo Rural.. Todo esto deja visible una realidad cada vez más evidente: la necesidad de que las fundaciones cuenten con espacios de acompañamiento como Red Ibérica de Fundación Mapfre, colaboración y apoyo que les permitan fortalecer su gestión interna, mejorar sus modelos de gobernanza y avanzar en su sostenibilidad organizativa y financiera. No se trata únicamente de disponer de más recursos, sino de optimizar capacidades, compartir conocimiento y generar estructuras que faciliten una mayor eficiencia en la toma de decisiones y una medición más precisa del impacto social que generan.. Y desde ahí, el papel de las fundaciones con trayectoria pasa por facilitar ese intercambio, ordenar aprendizajes y favorecer dinámicas de colaboración estables que permitan al ecosistema fundacional avanzar con mayor cohesión y capacidad de respuesta ante las necesidades sociales emergentes. Solo desde esa lógica compartida será posible consolidar un modelo de mayor fortaleza, capaz de adaptarse con agilidad a la evolución de la realidad social.
En España existen 10.500 fundaciones activas, con un conjunto que da empleo a 286.690 personas, alcanza a millones de beneficiarios y representa el 2,4% del PIB
Las fundaciones desempeñan un papel fundamental para la cohesión social, la dinamización territorial y la respuesta a necesidades que muchas veces no encuentran otros puntos de apoyo. Una labor que, lejos de lo coyuntural, se ha ido consolidando como parte de la arquitectura social de nuestro entorno, sosteniéndose en el tiempo con vocación de permanencia y una presencia que, aunque en ocasiones discreta, resulta decisiva en múltiples ámbitos. En España, según cifras de la Asociación Española de Fundaciones, existen más de 10.500 fundaciones activas, con un conjunto que da empleo a 286.690 personas, alcanza a millones de beneficiarios y representa en torno al 2,4% del PIB. Unos datos que, leídos en su globalidad, dibujan la existencia de un ecosistema sólido, organizado y profesionalizado.. Sin embargo, muchas de estas entidades, especialmente las de menor tamaño, afrontan hoy diferentes retos que pueden condicionar su capacidad de crecimiento y, en algunos casos, incluso comprometer su continuidad en el medio plazo. La financiación se sitúa, en este sentido, como uno de los principales puntos de tensión, no solo por su disponibilidad, sino por la necesidad de construir modelos más diversificados, capaces de aportar estabilidad a proyectos que, en muchas ocasiones, se desarrollan en horizontes largos y con fuerte dependencia de recursos.. A este escenario se suman otras realidades igualmente relevantes, como la creciente dificultad para atraer y retener talento en un entorno donde las organizaciones compiten por perfiles especializados, la exigencia de avanzar en procesos de digitalización que requieren inversión, conocimiento y tiempo de adaptación, o la necesidad de reforzar estructuras internas que permitan ordenar el crecimiento sin perder la cercanía y la flexibilidad que caracterizan a muchas de estas entidades. Hablamos de desafíos que se entrelazan y condicionan mutuamente, configurando un contexto en el que la sostenibilidad organizativa se convierte en un elemento determinante para que las entidades más pequeñas puedan proyectarse con mayor solidez.. En paralelo, cobran cada vez más peso factores de carácter estructural, como la despoblación o el envejecimiento de la población, que trascienden de las propias organizaciones e impactan directamente en su capacidad de actuación. Especialmente, en zonas rurales y en lo que respecta a la acción social y la preservación del patrimonio cultural. Según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda, estos territorios presentan de forma general menores niveles de renta per cápita y renta familiar, salarios más bajos que en el ámbito urbano y, en consecuencia, mayores niveles de riesgo de pobreza, junto con una mayor tasa de dependencia y pensiones contributivas de menor cuantía. Y, por otro lado, no podemos olvidar que el 80% del patrimonio cultural se halla en el medio rural, según la Red Española de Desarrollo Rural.. Todo esto deja visible una realidad cada vez más evidente: la necesidad de que las fundaciones cuenten con espacios de acompañamiento como Red Ibérica de Fundación Mapfre, colaboración y apoyo que les permitan fortalecer su gestión interna, mejorar sus modelos de gobernanza y avanzar en su sostenibilidad organizativa y financiera. No se trata únicamente de disponer de más recursos, sino de optimizar capacidades, compartir conocimiento y generar estructuras que faciliten una mayor eficiencia en la toma de decisiones y una medición más precisa del impacto social que generan.. Y desde ahí, el papel de las fundaciones con trayectoria pasa por facilitar ese intercambio, ordenar aprendizajes y favorecer dinámicas de colaboración estables que permitan al ecosistema fundacional avanzar con mayor cohesión y capacidad de respuesta ante las necesidades sociales emergentes. Solo desde esa lógica compartida será posible consolidar un modelo de mayor fortaleza, capaz de adaptarse con agilidad a la evolución de la realidad social.
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