Como se preveía, y siguiendo la estela de otras regiones de España gobernadas por el PP como Madrid o Baleares, el Gobierno de Castilla y León recurrirá «en los próximos días» el real decreto de regularización masiva de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España por entender que este supone un «impacto grave para los intereses de la Comunidad y del conjunto de los ciudadanos».. Así lo ha avanzado el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico, en la que ha indicado que aún no se ha determinado el cauce judicial más oportuno pero que los servicios jurídicos de la Junta están trabajando en este recurso y en el cauce más adecuado para su presentación.. La Junta entiende que es “contrario” a la normativa europea sobre el control de fronteras y la libre circulación y, además, cuestiona el procedimiento habilitado para la acreditación de las condiciones exigidas sobre su residencia en España.. A principios de año, tras conocerse la intención del Gobierno de regularizar la situación de medio millón de inmigrantes, el presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, tildó de “auténtica cortina de humo” esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al no conocer detalles sobre su aplicación, ni haberse pactado antes con las comunidades su diseño. Además, la dirección nacional del Partido Popular ha rechazado también la regularización planteada.. La Junta ya presentó en junio del año pasado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025, mediante el cual el Gobierno estableció el reparto de menores no acompañados que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla. Entonces alegó que el Gobierno invadía su competencia sobre protección y tutela de menores, un perjuicio financiero al aumentar el número de personas acogidas y un agravio comparativo respecto a otras comunidades.. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de migrantes que afectará previsiblemente a más de medio millón de extranjeros, tras incorporar algunas matizaciones del Consejo de Estado. Este jueves se ha abierto el plazo para presentar solicitudes por vía telemática y para tramitar la cita previa para hacer la solicitud presencialmente. El proceso finalizará el próximo 30 de junio.. Los principales requisitos exigidos a los extranjeros para acceder a la regularización son haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, acreditar cinco meses de permanencia continuada en el país y no tener antecedentes penales. Precisamente para acreditarlo, los solicitantes no podrán hacer una declaración responsable para ello, pero si demuestra que no ha recibido contestación por el país tercero será directamente el Gobierno el que lo solicite.. De este proceso de regularización quedarán fuera las personas apátridas, muchos de ellos saharauis, tal y como recomendó el Consejo de Estado en su dictamen sobre el texto. Además, se podrán presentar pasaportes caducados para los tramites del proceso y la norma flexibilizará requisitos para poder regularizar a los menores acompañados por sus progenitores.. Finalmente, los solicitantes tendrán autorización provisional de trabajo desde la admisión a trámite, y habrá compatibilidad temporal entre la solicitud de regularización y la Protección Internacional (asilo).
«Supone un impacto grave para los ciudadanos de Castilla y León y los intereses de la comunidad», asegura Fernández Carriedo
Como se preveía, y siguiendo la estela de otras regiones de España gobernadas por el PP como Madrid o Baleares, el Gobierno de Castilla y León recurrirá «en los próximos días» el real decreto de regularización masiva de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España por entender que este supone un «impacto grave para los intereses de la Comunidad y del conjunto de los ciudadanos».. Así lo ha avanzado el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico, en la que ha indicado que aún no se ha determinado el cauce judicial más oportuno pero que los servicios jurídicos de la Junta están trabajando en este recurso y en el cauce más adecuado para su presentación.. La Junta entiende que es “contrario” a la normativa europea sobre el control de fronteras y la libre circulación y, además, cuestiona el procedimiento habilitado para la acreditación de las condiciones exigidas sobre su residencia en España.. A principios de año, tras conocerse la intención del Gobierno de regularizar la situación de medio millón de inmigrantes, el presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, tildó de “auténtica cortina de humo” esta decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al no conocer detalles sobre su aplicación, ni haberse pactado antes con las comunidades su diseño. Además, la dirección nacional del Partido Popular ha rechazado también la regularización planteada.. La Junta ya presentó en junio del año pasado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-Ley 2/2025, mediante el cual el Gobierno estableció el reparto de menores no acompañados que llegaban a Canarias, Ceuta y Melilla. Entonces alegó que el Gobierno invadía su competencia sobre protección y tutela de menores, un perjuicio financiero al aumentar el número de personas acogidas y un agravio comparativo respecto a otras comunidades.. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de migrantes que afectará previsiblemente a más de medio millón de extranjeros, tras incorporar algunas matizaciones del Consejo de Estado. Este jueves se ha abierto el plazo para presentar solicitudes por vía telemática y para tramitar la cita previa para hacer la solicitud presencialmente. El proceso finalizará el próximo 30 de junio.. Los principales requisitos exigidos a los extranjeros para acceder a la regularización son haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, acreditar cinco meses de permanencia continuada en el país y no tener antecedentes penales. Precisamente para acreditarlo, los solicitantes no podrán hacer una declaración responsable para ello, pero si demuestra que no ha recibido contestación por el país tercero será directamente el Gobierno el que lo solicite.. De este proceso de regularización quedarán fuera las personas apátridas, muchos de ellos saharauis, tal y como recomendó el Consejo de Estado en su dictamen sobre el texto. Además, se podrán presentar pasaportes caducados para los tramites del proceso y la norma flexibilizará requisitos para poder regularizar a los menores acompañados por sus progenitores.. Finalmente, los solicitantes tendrán autorización provisional de trabajo desde la admisión a trámite, y habrá compatibilidad temporal entre la solicitud de regularización y la Protección Internacional (asilo).
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