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  Internacional  El desplome del 93% en enfermeros extranjeros pone en jaque la sanidad británica
Internacional

El desplome del 93% en enfermeros extranjeros pone en jaque la sanidad británica

13 de abril de 2026
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La política migratoria británica ha entrado en una nueva fase: menos visible, más técnica y, sobre todo, más restrictiva. Lejos de los grandes debates del Brexit, el Gobierno está aplicando un endurecimiento silencioso que ya se traduce en una caída abrupta de visados y en crecientes tensiones en el mercado laboral. Lo que sobre el papel son ajustes administrativos empieza a tener efectos muy concretos en la economía real, desde hospitales sin personal suficiente hasta sectores enteros que dependen de una mano de obra que ya no llega.. Ese giro se ha materializado en un nuevo paso que entró en vigor el pasado 8 de abril. A partir de ahora, los empleadores deberán garantizar que el salario mínimo exigido para los visados de trabajador cualificado se cumple en cada periodo de nómina, ya sea semanal o mensual. Ya no bastará con compensar meses con sueldos más bajos con otros más altos para alcanzar el umbral anual exigido por Inmigración. El incumplimiento en un solo periodo será suficiente para considerarlo una infracción.. El cambio, aparentemente técnico, supone una transformación de fondo. El sistema deja de basarse en compromisos contractuales para centrarse en el pago real y verificable en cada nómina. El objetivo es reforzar el control sobre posibles abusos y garantizar que los trabajadores extranjeros reciben el salario adecuado en todo momento. Pero también implica un endurecimiento claro: reduce la flexibilidad empresarial y aumenta el riesgo de sanción inmediata.. Recuperar el control. Para las compañías, supone una gestión mucho más estricta de las nóminas. Para los trabajadores, introduce una paradoja: más protección sobre el papel, pero también mayor vulnerabilidad. Un error puntual del empleador puede tener consecuencias directas sobre su situación migratoria.. Este endurecimiento encaja en una estrategia más amplia del Gobierno de Keir Starmer para recuperar el control del sistema tras años de presión política. «Cada área del sistema migratorio, incluido el trabajo, la familia y los estudios, se endurecerá para tener más control. La aplicación de la ley será más estricta que nunca y las cifras de migración caerán», advirtió ya el primer ministro el año pasado, coincidiendo con el auge del populismo de Nigel Farage.. Y están cayendo. Pero no sin costes. Los hospitales y residencias se enfrentan ya a lo que algunos expertos describen como «un accidente inminente». Los datos son contundentes. El número de enfermeros extranjeros a los que se concedió la entrada en el país ha caído un 93% en tres años: de 26.100 en 2022 a apenas 1.777 en 2025. En el caso de los trabajadores de cuidados —que incluyen desde auxiliares de enfermería hasta personal de ambulancias— el desplome alcanza el 97% en solo dos años. Entre octubre y diciembre de 2025, únicamente 23 cuidadores extranjeros obtuvieron autorización para entrar en el Reino Unido.. La caída no se limita al sector sanitario. El número de visados de trabajador cualificado ha descendido durante nueve trimestres consecutivos hasta su nivel más bajo desde 2021. En ciencia y tecnología, las concesiones han pasado de 24.843 en 2022 a 9.072 en 2025. En educación, el retroceso es del 71%. En oficios cualificados, del 73%.. El peor de los escenarios. El diagnóstico de los expertos es cada vez más alarmante. Lynn Woolsey, responsable de enfermería del Royal College of Nursing, advierte de «el peor de los escenarios posibles». «Al ritmo actual, el número de enfermeros formados en el país no compensará ni de lejos el desplome del personal extranjero que llega al Reino Unido. Los ministros deben reaccionar. Si continúan empujando a los enfermeros extranjeros fuera del sistema y hacen del Reino Unido un destino poco atractivo, mientras apenas invierten en ampliar la plantilla nacional, sus reformas fracasarán».. Desde el Work Rights Centre, su directora ejecutiva, Dora-Olivia Vicol, pone el foco en el coste estructural de la estrategia. «El brusco descenso de profesionales migrantes que llegan a trabajar en hospitales, centros de investigación y escuelas plantea serias dudas sobre el coste de centrarse únicamente en reducir la migración. Ningún hospital va a recibir con agrado una caída del 93% en enfermeros extranjeros cuando hay 25.000 vacantes sin cubrir, y ningún trabajador británico querrá soportar la presión de trabajar turnos dobles», señalaba en The Guardian.. Vicol añade otra dimensión clave: «Al mismo tiempo, los trabajadores migrantes que aún pueden venir se enfrentan a mayores costes, vías más largas para obtener la residencia y al riesgo de explotación laboral al depender de visados vinculados a un empleador. Estas cifras dibujan un escenario de accidente inminente para nuestros hospitales y residencias».. El impacto alcanza también a la economía en su conjunto. Sectores como la construcción, fundamentales para los objetivos de vivienda del Gobierno, dependen en gran medida de mano de obra extranjera.»Sabemos que el Gobierno tiene objetivos muy ambiciosos de construcción de viviendas. No veo cómo esta caída en trabajadores cualificados va a ayudar a lograrlos», advierte Vicol.. En el ámbito de los cuidados, la situación es especialmente crítica. Nadra Ahmed, presidenta de la National Care Association, lo resume con crudeza: «La razón por la que necesitamos trabajadores internacionales es que ningún gobierno ha ofrecido soluciones para crear una plantilla nacional suficiente. ¿Quién va a cuidar de las personas que atendemos?».. Mientras tanto, algunos trabajadores optan por marcharse a países como Alemania o Irlanda, atraídos por mejores condiciones, mientras otros quedan atrapados en un sistema cada vez más rígido. «Ya estamos viendo residencias que cierran; la gente está tirando la toalla», alerta Ahmed.. Desde el Ejecutivo, el mensaje es firme. Un portavoz del Ministerio del Interior defiende que la contratación internacional se ha limitado tras «niveles inaceptables de abuso y explotación» y subraya que la migración neta ha caído casi un 70%. «No pedimos disculpas por controlar la migración. Estamos poniendo fin a la dependencia excesiva de mano de obra extranjera barata y apoyando a los trabajadores británicos, al tiempo que seguimos atrayendo talento altamente cualificado». La cuestión es si ese equilibrio es sostenible.

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La política migratoria británica ha entrado en una nueva fase: menos visible, más técnica y, sobre todo, más restrictiva. Lejos de los grandes debates del Brexit, el Gobierno está aplicando un endurecimiento silencioso que ya se traduce en una caída abrupta de visados y en crecientes tensiones en el mercado laboral. Lo que sobre el papel son ajustes administrativos empieza a tener efectos muy concretos en la economía real, desde hospitales sin personal suficiente hasta sectores enteros que dependen de una mano de obra que ya no llega.. Ese giro se ha materializado en un nuevo paso que entró en vigor el pasado 8 de abril. A partir de ahora, los empleadores deberán garantizar que el salario mínimo exigido para los visados de trabajador cualificado se cumple en cada periodo de nómina, ya sea semanal o mensual. Ya no bastará con compensar meses con sueldos más bajos con otros más altos para alcanzar el umbral anual exigido por Inmigración. El incumplimiento en un solo periodo será suficiente para considerarlo una infracción.. El cambio, aparentemente técnico, supone una transformación de fondo. El sistema deja de basarse en compromisos contractuales para centrarse en el pago real y verificable en cada nómina. El objetivo es reforzar el control sobre posibles abusos y garantizar que los trabajadores extranjeros reciben el salario adecuado en todo momento. Pero también implica un endurecimiento claro: reduce la flexibilidad empresarial y aumenta el riesgo de sanción inmediata.. Recuperar el control. Para las compañías, supone una gestión mucho más estricta de las nóminas. Para los trabajadores, introduce una paradoja: más protección sobre el papel, pero también mayor vulnerabilidad. Un error puntual del empleador puede tener consecuencias directas sobre su situación migratoria.. Este endurecimiento encaja en una estrategia más amplia del Gobierno de Keir Starmer para recuperar el control del sistema tras años de presión política. «Cada área del sistema migratorio, incluido el trabajo, la familia y los estudios, se endurecerá para tener más control. La aplicación de la ley será más estricta que nunca y las cifras de migración caerán», advirtió ya el primer ministro el año pasado, coincidiendo con el auge del populismo de Nigel Farage.. Y están cayendo. Pero no sin costes. Los hospitales y residencias se enfrentan ya a lo que algunos expertos describen como «un accidente inminente». Los datos son contundentes. El número de enfermeros extranjeros a los que se concedió la entrada en el país ha caído un 93% en tres años: de 26.100 en 2022 a apenas 1.777 en 2025. En el caso de los trabajadores de cuidados —que incluyen desde auxiliares de enfermería hasta personal de ambulancias— el desplome alcanza el 97% en solo dos años. Entre octubre y diciembre de 2025, únicamente 23 cuidadores extranjeros obtuvieron autorización para entrar en el Reino Unido.. La caída no se limita al sector sanitario. El número de visados de trabajador cualificado ha descendido durante nueve trimestres consecutivos hasta su nivel más bajo desde 2021. En ciencia y tecnología, las concesiones han pasado de 24.843 en 2022 a 9.072 en 2025. En educación, el retroceso es del 71%. En oficios cualificados, del 73%.. El peor de los escenarios. El diagnóstico de los expertos es cada vez más alarmante. Lynn Woolsey, responsable de enfermería del Royal College of Nursing, advierte de «el peor de los escenarios posibles». «Al ritmo actual, el número de enfermeros formados en el país no compensará ni de lejos el desplome del personal extranjero que llega al Reino Unido. Los ministros deben reaccionar. Si continúan empujando a los enfermeros extranjeros fuera del sistema y hacen del Reino Unido un destino poco atractivo, mientras apenas invierten en ampliar la plantilla nacional, sus reformas fracasarán».. Desde el Work Rights Centre, su directora ejecutiva, Dora-Olivia Vicol, pone el foco en el coste estructural de la estrategia. «El brusco descenso de profesionales migrantes que llegan a trabajar en hospitales, centros de investigación y escuelas plantea serias dudas sobre el coste de centrarse únicamente en reducir la migración. Ningún hospital va a recibir con agrado una caída del 93% en enfermeros extranjeros cuando hay 25.000 vacantes sin cubrir, y ningún trabajador británico querrá soportar la presión de trabajar turnos dobles», señalaba en The Guardian.. Vicol añade otra dimensión clave: «Al mismo tiempo, los trabajadores migrantes que aún pueden venir se enfrentan a mayores costes, vías más largas para obtener la residencia y al riesgo de explotación laboral al depender de visados vinculados a un empleador. Estas cifras dibujan un escenario de accidente inminente para nuestros hospitales y residencias».. El impacto alcanza también a la economía en su conjunto. Sectores como la construcción, fundamentales para los objetivos de vivienda del Gobierno, dependen en gran medida de mano de obra extranjera.»Sabemos que el Gobierno tiene objetivos muy ambiciosos de construcción de viviendas. No veo cómo esta caída en trabajadores cualificados va a ayudar a lograrlos», advierte Vicol.. En el ámbito de los cuidados, la situación es especialmente crítica. Nadra Ahmed, presidenta de la National Care Association, lo resume con crudeza: «La razón por la que necesitamos trabajadores internacionales es que ningún gobierno ha ofrecido soluciones para crear una plantilla nacional suficiente. ¿Quién va a cuidar de las personas que atendemos?».. Mientras tanto, algunos trabajadores optan por marcharse a países como Alemania o Irlanda, atraídos por mejores condiciones, mientras otros quedan atrapados en un sistema cada vez más rígido. «Ya estamos viendo residencias que cierran; la gente está tirando la toalla», alerta Ahmed.. Desde el Ejecutivo, el mensaje es firme. Un portavoz del Ministerio del Interior defiende que la contratación internacional se ha limitado tras «niveles inaceptables de abuso y explotación» y subraya que la migración neta ha caído casi un 70%. «No pedimos disculpas por controlar la migración. 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