A comienzos del año pasado tanto el PP como el PSOE andaban negociando la renovación del Defensor del Pueblo andaluz hasta que aterrizó María Jesús Montero como candidata socialista y el proceso se paralizó. Desde entonces no se volvió a hablar del relevo de Jesús Maeztu, que lleva en funciones un año y medio y que ahora, con la convocatoria electoral, el nombramiento de su sucesor se reactivará como todos los cargos de extracción parlamentaria. En la presentación ayer del informe de su departamento correspondiente a 2025, Maeztu aludió al final de su etapa profesional: «Me quiero jubilar este año. He cumplido. Necesito la soledad deseada y recomponer mi final de vida». Recordó que tiene ya 54 años cotizados y que «no es buena» esta situación, en referencia al bloqueo de su renovación.. «Que se sienten los que sumen», instó Maeztu, además de llamar la atención sobre el hecho de que ha estado «más tiempo» en este cargo de lo que habría estado en una empresa privada como consecuencia de las «causas que defiendo». En relación al informe, puso el foco en las cuestiones que «más preocupan a la ciudadanía» en su relación cotidiana con las administraciones públicas y que son el acceso a una vivienda (2.423 expedientes gestionados), las «demoras» en sanidad y dependencia (3.500 y 5.330, respectivamente), las dificultades para obtener información «clara» y una respuesta «en plazo» y la «sensación de desigualdad territorial cuando el derecho depende del lugar en el que se vive o del canal por el que se intenta acceder».. El informe confirma que, cuando la Administración no responde con tiempos razonables y procedimientos comprensibles, el derecho se debilita y se instala una desconfianza que afecta al conjunto del sistema democrático.. Las materias con mayor incidencia fueron dependencia, salud, educación, consumo, vivienda, personal del sector público y discapacidad. A estas quejas se sumaron más de 3.000 expedientes procedentes de los últimos meses de los ejercicios anteriores, 53 actuaciones de oficio y 17.494 consultas atendidas, cifra récord que supera incluso la registrada durante la pandemia. En conjunto, la institución desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día, con impacto directo en miles de personas y sus familias.. El Defensor advirtió de que la falta de oferta asequible, el parque público insuficiente, la presión del mercado en zonas tensionadas y los retrasos en ayudas al alquiler convierten el acceso a un hogar en «una carrera de obstáculos para miles de familias». Para revertir esta situación, el informe incorpora un decálogo de medidas que prioriza la ampliación y protección del parque público, la movilización de recursos residenciales, la coordinación efectiva con los servicios sociales para prevenir pérdidas de vivienda y la mejora de la gestión de ayudas para que cumplan su finalidad cuando más se necesitan.. También reclama ordenar el impacto de la vivienda turística donde reduce el alquiler residencial y agrava procesos de sustitución social, además de impulsar una respuesta integral al sinhogarismo, con soluciones estables.
Maeztu quiere jubilarse y recuerda que tiene 54 años cotizados
A comienzos del año pasado tanto el PP como el PSOE andaban negociando la renovación del Defensor del Pueblo andaluz hasta que aterrizó María Jesús Montero como candidata socialista y el proceso se paralizó. Desde entonces no se volvió a hablar del relevo de Jesús Maeztu, que lleva en funciones un año y medio y que ahora, con la convocatoria electoral, el nombramiento de su sucesor se reactivará como todos los cargos de extracción parlamentaria. En la presentación ayer del informe de su departamento correspondiente a 2025, Maeztu aludió al final de su etapa profesional: «Me quiero jubilar este año. He cumplido. Necesito la soledad deseada y recomponer mi final de vida». Recordó que tiene ya 54 años cotizados y que «no es buena» esta situación, en referencia al bloqueo de su renovación.. «Que se sienten los que sumen», instó Maeztu, además de llamar la atención sobre el hecho de que ha estado «más tiempo» en este cargo de lo que habría estado en una empresa privada como consecuencia de las «causas que defiendo». En relación al informe, puso el foco en las cuestiones que «más preocupan a la ciudadanía» en su relación cotidiana con las administraciones públicas y que son el acceso a una vivienda (2.423 expedientes gestionados), las «demoras» en sanidad y dependencia (3.500 y 5.330, respectivamente), las dificultades para obtener información «clara» y una respuesta «en plazo» y la «sensación de desigualdad territorial cuando el derecho depende del lugar en el que se vive o del canal por el que se intenta acceder».. El informe confirma que, cuando la Administración no responde con tiempos razonables y procedimientos comprensibles, el derecho se debilita y se instala una desconfianza que afecta al conjunto del sistema democrático.. Las materias con mayor incidencia fueron dependencia, salud, educación, consumo, vivienda, personal del sector público y discapacidad. A estas quejas se sumaron más de 3.000 expedientes procedentes de los últimos meses de los ejercicios anteriores, 53 actuaciones de oficio y 17.494 consultas atendidas, cifra récord que supera incluso la registrada durante la pandemia. En conjunto, la institución desarrolló más de 34.000 actuaciones: una media de 95 al día, con impacto directo en miles de personas y sus familias.. El Defensor advirtió de que la falta de oferta asequible, el parque público insuficiente, la presión del mercado en zonas tensionadas y los retrasos en ayudas al alquiler convierten el acceso a un hogar en «una carrera de obstáculos para miles de familias». Para revertir esta situación, el informe incorpora un decálogo de medidas que prioriza la ampliación y protección del parque público, la movilización de recursos residenciales, la coordinación efectiva con los servicios sociales para prevenir pérdidas de vivienda y la mejora de la gestión de ayudas para que cumplan su finalidad cuando más se necesitan.. También reclama ordenar el impacto de la vivienda turística donde reduce el alquiler residencial y agrava procesos de sustitución social, además de impulsar una respuesta integral al sinhogarismo, con soluciones estables.
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