El Ministerio del Interior ha denegado la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que falleció por un disparo de la policía militar durante la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, al considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo.. En una carta de respuesta a la familia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que adelanta el Diario.es Andalucía, la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, califica los hechos en los que falleció Manuel Jesús García Caparrós como «execrables», al considerar que el principal cometido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser «proteger a los ciudadanos».. La familia del joven sindicalista que murió asesinado el 4 de diciembre de 1977 a los 18 años durante una manifestación pro autonomía andaluza en Málaga se había dirigido a la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior, tras hacer lo propio antes con Presidencia del Gobierno.. En este sentido, la Dirección General rechaza que pueda ser indemnizado porque la ley exige que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley.. En el caso de que no exista tal sentencia, explican, se requiere que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos.. EXPEDIENTE TRAMITADO EN 2007. La directora de Atención a las Víctimas pide disculpas por la demora en atender la solicitud de información de un primer escrito, alegando que han tenido que recopilar la información sobre el expediente tramitado en 2007 ante el Ministerio del Interior solicitando una indemnización por fallecimiento al amparo de la Ley 32/1999.. «Esta solicitud fue inadmitida por extemporánea mediante resolución de fecha 30 de octubre de 2007, sin que conste que la resolución administrativa fuese recurrida judicialmente», señalan en esta carta a la familia de García Caparrós.. Dicho esto, la Oficina dependiente del Ministerio del Interior recuerda que la actual Ley 29/2011 contempla ayudas o condecoraciones para quienes hayan sufrido daños como consecuencia de una acción terrorista, pero cuando son cometidas por «personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública».. También para cuando se cometan actos dirigidos a alcanzar estos fines «aun cuando sus responsables no sean personas integradas en dichas organizaciones o grupos criminales».. Por este motivo, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo rechaza la indemnización para este joven sindicalista malagueño, añadiendo que esta decisión se adopta «aun siendo unos hechos de una gravedad extrema, teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos».
El Ministerio del Interior señala que la ley exige que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado
El Ministerio del Interior ha denegado la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que falleció por un disparo de la policía militar durante la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, al considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo.. En una carta de respuesta a la familia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que adelanta el Diario.es Andalucía, la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, califica los hechos en los que falleció Manuel Jesús García Caparrós como «execrables», al considerar que el principal cometido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser «proteger a los ciudadanos».. La familia del joven sindicalista que murió asesinado el 4 de diciembre de 1977 a los 18 años durante una manifestación pro autonomía andaluza en Málaga se había dirigido a la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, dependiente del Ministerio del Interior, tras hacer lo propio antes con Presidencia del Gobierno.. En este sentido, la Dirección General rechaza que pueda ser indemnizado porque la ley exige que exista sentencia firme en la que se reconozca el derecho a ser indemnizado en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados en la Ley.. En el caso de que no exista tal sentencia, explican, se requiere que se hayan llevado a cabo las oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos.. EXPEDIENTE TRAMITADO EN 2007. La directora de Atención a las Víctimas pide disculpas por la demora en atender la solicitud de información de un primer escrito, alegando que han tenido que recopilar la información sobre el expediente tramitado en 2007 ante el Ministerio del Interior solicitando una indemnización por fallecimiento al amparo de la Ley 32/1999.. «Esta solicitud fue inadmitida por extemporánea mediante resolución de fecha 30 de octubre de 2007, sin que conste que la resolución administrativa fuese recurrida judicialmente», señalan en esta carta a la familia de García Caparrós.. Dicho esto, la Oficina dependiente del Ministerio del Interior recuerda que la actual Ley 29/2011 contempla ayudas o condecoraciones para quienes hayan sufrido daños como consecuencia de una acción terrorista, pero cuando son cometidas por «personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública».. También para cuando se cometan actos dirigidos a alcanzar estos fines «aun cuando sus responsables no sean personas integradas en dichas organizaciones o grupos criminales».. Por este motivo, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo rechaza la indemnización para este joven sindicalista malagueño, añadiendo que esta decisión se adopta «aun siendo unos hechos de una gravedad extrema, teniendo en cuenta que el cometido principal de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado es la protección de los ciudadanos y el libre ejercicio de sus derechos».
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