El racismo en el alquiler de viviendas es una perversa combinación de dos de los mayores problemas que ponen en riesgo la convivencia social: la crisis habitacional y el avance del discurso antinmigración. El problema que más preocupa a los españoles, según el CIS, es la vivienda, que se ha encarecido un 70% en los últimos 10 años. Un coste al que hay que sumar las exigencias añadidas que sufren los inmigrantes a la hora de alquilar: el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan cláusulas racistas de los propietarios, según datos de Provivienda de 2025, especialmente contra personas de África, Asia y Latinoamérica. Es la tormenta perfecta para gran parte de los ciudadanos procedentes de otros países, que suponen ya la quinta parte de nuestra sociedad (10 millones, sobre una población de 49,5 millones). La discriminación en el alquiler impide su integración social y laboral, y los condena a habitar en zonas convertidas en guetos, que a su vez realimentan los prejuicios.. Seguir leyendo
La realidad del racismo inmobiliario en España exige la implicación de las autoridades para garantizar la igualdad
EDITORIAL. Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional. La realidad del racismo inmobiliario en España exige la implicación de las autoridades para garantizar la igualdad. Dos personas miran los anuncios de una agencia inmobiliaria en Terrassa (Barcelona). CRISTÓBAL CASTRO. El racismo en el alquiler de viviendas es una perversa combinación de dos de los mayores problemas que ponen en riesgo la convivencia social: la crisis habitacional y el avance del discurso antinmigración. El problema que más preocupa a los españoles, según el CIS, es la vivienda, que se ha encarecido un 70% en los últimos 10 años. Un coste al que hay que sumar las exigencias añadidas que sufren los inmigrantes a la hora de alquilar: el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan cláusulas racistas de los propietarios, según datos de Provivienda de 2025, especialmente contra personas de África, Asia y Latinoamérica. Es la tormenta perfecta para gran parte de los ciudadanos procedentes de otros países, que suponen ya la quinta parte de nuestra sociedad (10 millones, sobre una población de 49,5 millones). La discriminación en el alquiler impide su integración social y laboral, y los condena a habitar en zonas convertidas en guetos, que a su vez realimentan los prejuicios.. La mecánica es sencilla. A igualdad de condiciones económicas de los aspirantes, se cancelan con excusas las visitas a quienes tienen un acento extranjero, se les exigen garantías abusivas o precios desorbitados. Aunque no existen datos oficiales sobre el número de afectados, algunos han dado el paso de denunciar. Pero son los menos: la mayoría de los inmigrantes, que tienen que afrontar cada día numerosos prejuicios, no contemplan presentarse en una comisaría o acudir a los tribunales.. Los propietarios de pisos tienen la sartén por el mango en un mercado que se ha tensionado hasta límites inéditos en España. A la hora de elegir inquilino, pueden poner sus condiciones, pero entre ellas no están los prejuicios raciales. Eso atenta contra el artículo 14 de la Constitución y contra la ley para la igualdad de trato de 2022, que prohíbe expresamente la discriminación en el acceso a la vivienda. Por supuesto, también la propiedad privada está protegida por la Constitución y por una ingente legislación. Pero en una sociedad democrática la libertad contractual no es absoluta: las líneas rojas son el racismo y la xenofobia.. Los límites legales, pues, existen. Y, desde luego, es deseable una mayor profesionalización del sector inmobiliario, que establezca protocolos contra estas prácticas y aumente la transparencia en las contrataciones. Pero son las autoridades —especialmente las autonómicas, competentes en vivienda— las responsables últimas de que se cumplan estas leyes, garantizando inspecciones eficaces y creando canales de denuncia accesibles y seguros para los más vulnerables.. El derecho a la vivienda y el principio de igualdad quedan en mera retórica legal si las autoridades no fijan medios para hacerlos efectivos. El racismo en el alquiler no se reduce a un mero fallo moral individual: es un problema público, que apela a toda la sociedad y exige políticas ambiciosas y valientes.. Tu suscripción se está usando en otro dispositivo. ¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?. Añadir usuarioContinuar leyendo aquí. Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.. ¿Por qué estás viendo esto?. Flecha. Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.. Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.. ¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.. En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.. Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.. Normas ›. Mis comentariosNormas. Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.. Más información. Archivado En. Opinión. España. Economía. Inmigración. Inmigrantes. Migración. Migrantes. Racismo. Xenofobia. Viviendas alquiler. Precio vivienda. Agencias inmobiliarias. Discriminación. Sector inmobiliario. Inmigrantes africanos. Inmigrantes latinoamericanos. Inmigrantes asiáticos. Estado de Derecho. Si está interesado en licenciar este contenido, pinche aquí
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