La crecida del Guadalquivir vuelve a poner frente al espejo una realidad incómoda que Córdoba arrastra desde hace décadas: la existencia de viviendas levantadas en suelos inundables donde la ley apenas deja margen, pero donde viven personas con nombres y rutinas que no desaparecen con un expediente urbanístico.. El alcalde, José María Bellido, lo resumía esta semana con una frase que sintetiza la complejidad del problema: «un dilema muy complicado». Y lo es porque no se trata solo de gestionar barro y agua tras un temporal, sino de afrontar el choque entre la legalidad urbanística y una realidad social enquistada.. Las últimas lluvias han dejado unas cuarenta viviendas afectadas en calles como Las Tórtolas, Perdiz y parte de Trigo. El Ayuntamiento trabaja para permitir el regreso de los vecinos, aunque sin fechas cerradas. En Las Tórtolas aún persiste el agua, mientras que en las otras vías la prioridad es retirar toneladas de lodo acumulado. Bomberos y técnicos municipales coordinan el dispositivo, conscientes de que la maquinaria pesada es imprescindible para recuperar el acceso. No se trata solo de limpiar: en algunos tramos el barro impide incluso la entrada segura de vehículos, lo que evidencia hasta qué punto el territorio se ha vuelto frágil ante cada episodio de lluvias intensas.. La escena no es nueva. Cada vez que el río o los arroyos desbordan, la ciudad revive un debate que se reabre sin resolverse del todo: qué hacer con construcciones que nunca debieron consolidarse. El propio alcalde recordaba que varias de estas viviendas han tenido que ser desalojadas en ocasiones anteriores. La reiteración del riesgo ha llevado al Consistorio a iniciar derribos selectivos en las zonas consideradas de mayor peligrosidad, especialmente aquellas situadas casi en dominio público hidráulico.. El primero de los seis derribos autorizados judicialmente podría ejecutarse en cuanto el terreno lo permita. La medida, presentada como una intervención «quirúrgica», intenta equilibrar la aplicación estricta de la normativa con una estrategia gradual que evite decisiones masivas difíciles de asumir socialmente. Sin embargo, la propia expresión revela el trasfondo del problema: cada demolición implica que alguien pierde su casa, aunque esa casa nunca haya podido regularizarse.. Entre el río y la norma. La legislación urbanística es clara: las zonas inundables no pueden legalizarse como suelo residencial. Bellido insistió en que ninguna ley permite regularizar estas edificaciones y que incluso sería complicado plantear soluciones estructurales que alteren el curso del Guadalquivir para protegerlas. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, encargada de velar por el dominio público hidráulico, difícilmente aprobaría obras que consolidaran asentamientos en áreas de riesgo. Desde el punto de vista jurídico, el margen de actuación es mínimo.. Pero la realidad sobre el terreno añade matices. Muchas de estas viviendas llevan años habitadas y forman pequeñas comunidades donde se mezclan arraigo, precariedad y falta de alternativas habitacionales. El alcalde puso el foco precisamente en ese aspecto humano: detrás de cada expediente hay vecinos que han hecho de esas casas su hogar. El Ayuntamiento se mueve así en una línea delicada: aplicar la ley sin agravar un problema social que excede el ámbito urbanístico.. La tensión entre seguridad y arraigo se acentúa con el contexto climático. Bellido habló de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, una percepción compartida por numerosos municipios ribereños que ven cómo episodios de lluvias intensas se repiten con mayor frecuencia. Aunque las inundaciones del Guadalquivir no son nuevas, la sensación de recurrencia alimenta la idea de que el modelo actual —esperar a que pase el temporal y reparar daños— resulta insuficiente.. Más allá de las viviendas ilegales, el temporal ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad de arroyos y zonas periurbanas como Majaneque o Alcolea. Según el alcalde, la saturación del terreno provocó que prácticamente todo se desbordara, evidenciando la necesidad de infraestructuras capaces de canalizar el agua de forma segura. La solución planteada pasa por un convenio con la Confederación Hidrográfica que permitiría encauzar los arroyos hasta el tramo urbano, donde el Ayuntamiento asumiría la conexión con la red de colectores. El proyecto, sin embargo, sigue pendiente de aprobación definitiva y financiación, lo que refleja la habitual lentitud de las grandes obras hidráulicas.. Mientras tanto, el debate de fondo continúa abierto. ¿Es posible encontrar una salida que combine seguridad jurídica y justicia social? Algunos defienden planes de realojo progresivo que permitan desmantelar las zonas más peligrosas sin dejar a nadie atrás, aunque eso implica recursos económicos y coordinación entre administraciones. Otros sostienen que la prioridad debe ser la prevención estricta para evitar que el problema siga creciendo.. En Córdoba, el dilema no es solo técnico ni político; también es una cuestión de memoria urbana. Las crecidas del Guadalquivir forman parte de la historia de la ciudad, pero el desarrollo de asentamientos en sus márgenes ha convertido ese riesgo histórico en un conflicto cotidiano. Cada lluvia intensa reabre heridas que nunca terminan de cerrarse, y cada intervención municipal parece avanzar un paso mientras la solución definitiva sigue en el horizonte.. Quizá la verdadera pregunta no sea si se pueden legalizar estas viviendas —algo que la normativa descarta—, sino cómo gestionar la transición hacia un modelo más seguro sin romper el tejido social existente. Entre el río y la norma, Córdoba vuelve a enfrentarse a una decisión incómoda que exige tiempo, consenso y, sobre todo, una mirada que vaya más allá de la urgencia del próximo temporal.
Las últimas lluvias reabren un conflicto enquistado entre legalidad urbanística y realidad social en las márgenes del Guadalquivir
La crecida del Guadalquivir vuelve a poner frente al espejo una realidad incómoda que Córdoba arrastra desde hace décadas: la existencia de viviendas levantadas en suelos inundables donde la ley apenas deja margen, pero donde viven personas con nombres y rutinas que no desaparecen con un expediente urbanístico.. El alcalde, José María Bellido, lo resumía esta semana con una frase que sintetiza la complejidad del problema: «un dilema muy complicado». Y lo es porque no se trata solo de gestionar barro y agua tras un temporal, sino de afrontar el choque entre la legalidad urbanística y una realidad social enquistada.. Las últimas lluvias han dejado unas cuarenta viviendas afectadas en calles como Las Tórtolas, Perdiz y parte de Trigo. El Ayuntamiento trabaja para permitir el regreso de los vecinos, aunque sin fechas cerradas. En Las Tórtolas aún persiste el agua, mientras que en las otras vías la prioridad es retirar toneladas de lodo acumulado. Bomberos y técnicos municipales coordinan el dispositivo, conscientes de que la maquinaria pesada es imprescindible para recuperar el acceso. No se trata solo de limpiar: en algunos tramos el barro impide incluso la entrada segura de vehículos, lo que evidencia hasta qué punto el territorio se ha vuelto frágil ante cada episodio de lluvias intensas.. La escena no es nueva. Cada vez que el río o los arroyos desbordan, la ciudad revive un debate que se reabre sin resolverse del todo: qué hacer con construcciones que nunca debieron consolidarse. El propio alcalde recordaba que varias de estas viviendas han tenido que ser desalojadas en ocasiones anteriores. La reiteración del riesgo ha llevado al Consistorio a iniciar derribos selectivos en las zonas consideradas de mayor peligrosidad, especialmente aquellas situadas casi en dominio público hidráulico.. El primero de los seis derribos autorizados judicialmente podría ejecutarse en cuanto el terreno lo permita. La medida, presentada como una intervención «quirúrgica», intenta equilibrar la aplicación estricta de la normativa con una estrategia gradual que evite decisiones masivas difíciles de asumir socialmente. Sin embargo, la propia expresión revela el trasfondo del problema: cada demolición implica que alguien pierde su casa, aunque esa casa nunca haya podido regularizarse.. La legislación urbanística es clara: las zonas inundables no pueden legalizarse como suelo residencial. Bellido insistió en que ninguna ley permite regularizar estas edificaciones y que incluso sería complicado plantear soluciones estructurales que alteren el curso del Guadalquivir para protegerlas. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, encargada de velar por el dominio público hidráulico, difícilmente aprobaría obras que consolidaran asentamientos en áreas de riesgo. Desde el punto de vista jurídico, el margen de actuación es mínimo.. Pero la realidad sobre el terreno añade matices. Muchas de estas viviendas llevan años habitadas y forman pequeñas comunidades donde se mezclan arraigo, precariedad y falta de alternativas habitacionales. El alcalde puso el foco precisamente en ese aspecto humano: detrás de cada expediente hay vecinos que han hecho de esas casas su hogar. El Ayuntamiento se mueve así en una línea delicada: aplicar la ley sin agravar un problema social que excede el ámbito urbanístico.. La tensión entre seguridad y arraigo se acentúa con el contexto climático. Bellido habló de fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, una percepción compartida por numerosos municipios ribereños que ven cómo episodios de lluvias intensas se repiten con mayor frecuencia. Aunque las inundaciones del Guadalquivir no son nuevas, la sensación de recurrencia alimenta la idea de que el modelo actual —esperar a que pase el temporal y reparar daños— resulta insuficiente.. Más allá de las viviendas ilegales, el temporal ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad de arroyos y zonas periurbanas como Majaneque o Alcolea. Según el alcalde, la saturación del terreno provocó que prácticamente todo se desbordara, evidenciando la necesidad de infraestructuras capaces de canalizar el agua de forma segura. La solución planteada pasa por un convenio con la Confederación Hidrográfica que permitiría encauzar los arroyos hasta el tramo urbano, donde el Ayuntamiento asumiría la conexión con la red de colectores. El proyecto, sin embargo, sigue pendiente de aprobación definitiva y financiación, lo que refleja la habitual lentitud de las grandes obras hidráulicas.. Mientras tanto, el debate de fondo continúa abierto. ¿Es posible encontrar una salida que combine seguridad jurídica y justicia social? Algunos defienden planes de realojo progresivo que permitan desmantelar las zonas más peligrosas sin dejar a nadie atrás, aunque eso implica recursos económicos y coordinación entre administraciones. Otros sostienen que la prioridad debe ser la prevención estricta para evitar que el problema siga creciendo.. En Córdoba, el dilema no es solo técnico ni político; también es una cuestión de memoria urbana. Las crecidas del Guadalquivir forman parte de la historia de la ciudad, pero el desarrollo de asentamientos en sus márgenes ha convertido ese riesgo histórico en un conflicto cotidiano. Cada lluvia intensa reabre heridas que nunca terminan de cerrarse, y cada intervención municipal parece avanzar un paso mientras la solución definitiva sigue en el horizonte.. Quizá la verdadera pregunta no sea si se pueden legalizar estas viviendas —algo que la normativa descarta—, sino cómo gestionar la transición hacia un modelo más seguro sin romper el tejido social existente. Entre el río y la norma, Córdoba vuelve a enfrentarse a una decisión incómoda que exige tiempo, consenso y, sobre todo, una mirada que vaya más allá de la urgencia del próximo temporal.
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