La Síndicatura de Cuentas ha presentado este lunes las conclusiones del informe sobre la DGAIA y ha cifrado en 4,7 millones de euros las prestaciones pagadas de forma indebida a jóvenes extutelados entre el 2019 y el 2022. «Estos pagos no responden solo a errores administrativos, sino a problemas estructurales de transparencia y gobernanza», ha admitido la síndica Maria Àngels Cabasés, en la Comisión de Investigación sobre la Actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (CIADGAIA).. Por otro lado, la Síndica de Greuges, Esther Giménez Salinas, ha defendido la búsqueda y creación de nuevas estrategias frente al desamparo de menores y adolescentes en Cataluña: «Nos hemos pasado 43 años repitiendo determinadas cosas y no se han hecho. Si ya se han realizado acciones en el campo de la justicia juvenil, el más difícil, ¿cómo no se van a poder hacer en el de la protección?», ha sentenciado este lunes en la Comisión de Investigación sobre la Actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (CIADGAIA).. Giménez-Salinas ha asegurado la importancia de contar con las familias de acogida como alternativa a los centros residenciales, a pesar de que «no han crecido a lo largo del tiempo». También, que desde la comunidad autónoma se tenga «el internamiento como último recurso», por lo que ha instado a los grupos parlamentarios a que los centros de la DGAIA sean de carácter público y no privado. Según ha apuntado la Síndica, el 80% de las instituciones residenciales en el organismo gubernamental son de ámbito privado.. «Se ha de ser más científico, evaluador y profesional», ha asegurado en su comparecencia. «Cuando hablamos de acogimiento, no solamente nos referimos a las familias tradicionales. Básicamente, es poder crecer con total libertad y con las mismas personas, en vez de tener un educador diferente por las mañanas, tardes, noches y los fines de semana. Un niño no puede crecer con estas condiciones», ha añadido la Síndica.. Menores de 0 a 6 años. Frente a esta situación, la Síndica ha remarcado la necesidad de que las ayudas familiares estén decretadas como «una medida formal» y que, por tanto, se «rindan cuentas» de estas ayudas en base a su funcionamiento y evolución. «Si no, solo tenemos el recurso residencial o el acogimiento familiar extenso o ajeno», ha indicado Giménez-Salinas que ha que hecho la siguiente comparativa con el aspecto sanitario: «Es como si solo tuviéramos UCIS y ningún CAP, sin nada en el centro».. La Síndica, así pues, ha manifestado la idea de «prohibir por ley el acogimiento residencial en menores desamparados de 0 a 6 años». Igualmente, ha argumentado que el sistema actual es «poco garantista» en el desamparo de los mismos y ha planteado que se ofrezcan más recursos para que estén con familias con apoyos o con “familias profesionales”.
Esther Giménez-Salinas reclama que estas instalaciones sean de carácter público y no privado
La Síndicatura de Cuentas ha presentado este lunes las conclusiones del informe sobre la DGAIA y ha cifrado en 4,7 millones de euros las prestaciones pagadas de forma indebida a jóvenes extutelados entre el 2019 y el 2022. «Estos pagos no responden solo a errores administrativos, sino a problemas estructurales de transparencia y gobernanza», ha admitido la síndica Maria Àngels Cabasés, en la Comisión de Investigación sobre la Actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (CIADGAIA).. Por otro lado, la Síndica de Greuges, Esther Giménez Salinas, ha defendido la búsqueda y creación de nuevas estrategias frente al desamparo de menores y adolescentes en Cataluña: «Nos hemos pasado 43 años repitiendo determinadas cosas y no se han hecho. Si ya se han realizado acciones en el campo de la justicia juvenil, el más difícil, ¿cómo no se van a poder hacer en el de la protección?», ha sentenciado este lunes en la Comisión de Investigación sobre la Actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (CIADGAIA).. Giménez-Salinas ha asegurado la importancia de contar con las familias de acogida como alternativa a los centros residenciales, a pesar de que «no han crecido a lo largo del tiempo». También, que desde la comunidad autónoma se tenga «el internamiento como último recurso», por lo que ha instado a los grupos parlamentarios a que los centros de la DGAIA sean de carácter público y no privado. Según ha apuntado la Síndica, el 80% de las instituciones residenciales en el organismo gubernamental son de ámbito privado.. «Se ha de ser más científico, evaluador y profesional», ha asegurado en su comparecencia. «Cuando hablamos de acogimiento, no solamente nos referimos a las familias tradicionales. Básicamente, es poder crecer con total libertad y con las mismas personas, en vez de tener un educador diferente por las mañanas, tardes, noches y los fines de semana. Un niño no puede crecer con estas condiciones», ha añadido la Síndica.. Menores de 0 a 6 años. Frente a esta situación, la Síndica ha remarcado la necesidad de que las ayudas familiares estén decretadas como «una medida formal» y que, por tanto, se «rindan cuentas» de estas ayudas en base a su funcionamiento y evolución. «Si no, solo tenemos el recurso residencial o el acogimiento familiar extenso o ajeno», ha indicado Giménez-Salinas que ha que hecho la siguiente comparativa con el aspecto sanitario: «Es como si solo tuviéramos UCIS y ningún CAP, sin nada en el centro».. La Síndica, así pues, ha manifestado la idea de «prohibir por ley el acogimiento residencial en menores desamparados de 0 a 6 años». Igualmente, ha argumentado que el sistema actual es «poco garantista» en el desamparo de los mismos y ha planteado que se ofrezcan más recursos para que estén con familias con apoyos o con “familias profesionales”.
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