La principal patronal catalana, Foment del Treball, y el grueso de las entidades económicas de Cataluña han cerrado filas este jueves en torno a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por el Gobierno español, aunque con importantes matices. En un comunicado conjunto, Foment del Treball y el resto de agentes económicos reclaman a los partidos catalanes que negocien de forma coordinada para mejorar un modelo que consideran un “punto de partida”, pero todavía insuficiente para resolver las carencias estructurales de financiación que arrastra Cataluña.. El documento, consensuado tras más de una semana de intensas negociaciones internas, lleva la firma de Foment, Pimec, el Cercle d’Economia, FemCat, la Fira de Barcelona, el Col·legi d’Economistes, Barcelona Global, el RACC y las 13 cámaras de comercio catalanas, además de la Cambra de Comerç de Barcelona. El texto representa un giro relevante respecto a la posición inicial de Foment, que se había alineado con Junts en una oposición frontal al nuevo sistema, y certifica la incorporación de la gran patronal al bloque mayoritario de entidades económicas.. Las organizaciones coinciden en que la inyección prevista de unos 4.700 millones de euros para Cataluña mejora el modelo vigente, pero subrayan que “no es suficiente” y que solo da respuesta parcial a las demandas históricas del tejido económico catalán. Por ello, defienden que la propuesta debe entenderse como una ventana de oportunidad para reformar un sistema “caduco”, aprovechando el inicio del trámite parlamentario para introducir correcciones y garantías a largo plazo.. Uno de los elementos más valorados por las entidades es la mejora de la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, al reducirse el desequilibrio entre los recursos que gestiona el Estado y los que reciben las autonomías. El nuevo modelo permitiría a las comunidades disponer de más ingresos propios, al ceder menos impuestos al Estado, lo que incrementaría su capacidad para financiar servicios esenciales. Sin embargo, el comunicado advierte de que esta mejora no garantiza por sí sola la suficiencia financiera de la Generalitat, por lo que reclama la incorporación de mecanismos de revisión automática que permitan ajustar el reparto cada cinco años.. El texto también pone el foco en la necesidad de reforzar la transparencia y la justicia del sistema. La eliminación de determinados fondos correctores del modelo actual es vista como un avance para reducir la discrecionalidad del Estado y mejorar la previsibilidad de los recursos disponibles, lo que facilitaría la planificación presupuestaria de las comunidades. En este sentido, las entidades destacan que el nuevo esquema beneficia especialmente a territorios perjudicados por el sistema anterior, entre ellos Cataluña.. Pese a estos avances, el comunicado alerta de carencias relevantes. Entre ellas, la ausencia del coste de la vida como criterio de ajuste, lo que puede provocar que comunidades con niveles de precios más altos vean limitada su capacidad real para prestar servicios públicos con recursos nominalmente similares. También se reclama que el principio de ordinalidad —que garantiza que las comunidades que más aportan no pierdan posiciones tras la redistribución— quede plenamente asegurado más allá de los primeros años de aplicación del modelo.. Las entidades económicas sitúan además el debate sobre la financiación en un contexto especialmente delicado para Cataluña. Recuerdan que el déficit acumulado en infraestructuras alcanza una cifra similar al presupuesto anual de la Generalitat, unos 40.000 millones de euros, y subrayan que el bajo grado de ejecución de la inversión estatal en Cataluña ha agravado esta situación. Aunque las inversiones no forman parte directa del sistema de financiación, consideran que son una vía clave para reducir el déficit fiscal y mejorar la competitividad del país.. Otro de los aspectos destacados es la posibilidad de avanzar hacia una mayor corresponsabilidad fiscal, tanto mediante una gestión más directa de los impuestos por parte de las agencias tributarias autonómicas como a través de una financiación más estable de las competencias no homogéneas. Las entidades consideran que estos pasos pueden reforzar la autonomía financiera y la eficiencia del sistema, siempre que se desarrollen con garantías.
Foment considera que sigue existiendo un déficit de alrededor de 40.000 millones, cifra equivalente al presupuesto anual de la Generalitat
La principal patronal catalana, Foment del Treball, y el grueso de las entidades económicas de Cataluña han cerrado filas este jueves en torno a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por el Gobierno español, aunque con importantes matices. En un comunicado conjunto, Foment del Treball y el resto de agentes económicos reclaman a los partidos catalanes que negocien de forma coordinada para mejorar un modelo que consideran un “punto de partida”, pero todavía insuficiente para resolver las carencias estructurales de financiación que arrastra Cataluña.. El documento, consensuado tras más de una semana de intensas negociaciones internas, lleva la firma de Foment, Pimec, el Cercle d’Economia, FemCat, la Fira de Barcelona, el Col·legi d’Economistes, Barcelona Global, el RACC y las 13 cámaras de comercio catalanas, además de la Cambra de Comerç de Barcelona. El texto representa un giro relevante respecto a la posición inicial de Foment, que se había alineado con Junts en una oposición frontal al nuevo sistema, y certifica la incorporación de la gran patronal al bloque mayoritario de entidades económicas.. Las organizaciones coinciden en que la inyección prevista de unos 4.700 millones de euros para Cataluña mejora el modelo vigente, pero subrayan que “no es suficiente” y que solo da respuesta parcial a las demandas históricas del tejido económico catalán. Por ello, defienden que la propuesta debe entenderse como una ventana de oportunidad para reformar un sistema “caduco”, aprovechando el inicio del trámite parlamentario para introducir correcciones y garantías a largo plazo.. Uno de los elementos más valorados por las entidades es la mejora de la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, al reducirse el desequilibrio entre los recursos que gestiona el Estado y los que reciben las autonomías. El nuevo modelo permitiría a las comunidades disponer de más ingresos propios, al ceder menos impuestos al Estado, lo que incrementaría su capacidad para financiar servicios esenciales. Sin embargo, el comunicado advierte de que esta mejora no garantiza por sí sola la suficiencia financiera de la Generalitat, por lo que reclama la incorporación de mecanismos de revisión automática que permitan ajustar el reparto cada cinco años.. El texto también pone el foco en la necesidad de reforzar la transparencia y la justicia del sistema. La eliminación de determinados fondos correctores del modelo actual es vista como un avance para reducir la discrecionalidad del Estado y mejorar la previsibilidad de los recursos disponibles, lo que facilitaría la planificación presupuestaria de las comunidades. En este sentido, las entidades destacan que el nuevo esquema beneficia especialmente a territorios perjudicados por el sistema anterior, entre ellos Cataluña.. Pese a estos avances, el comunicado alerta de carencias relevantes. Entre ellas, la ausencia del coste de la vida como criterio de ajuste, lo que puede provocar que comunidades con niveles de precios más altos vean limitada su capacidad real para prestar servicios públicos con recursos nominalmente similares. También se reclama que el principio de ordinalidad —que garantiza que las comunidades que más aportan no pierdan posiciones tras la redistribución— quede plenamente asegurado más allá de los primeros años de aplicación del modelo.. Las entidades económicas sitúan además el debate sobre la financiación en un contexto especialmente delicado para Cataluña. Recuerdan que el déficit acumulado en infraestructuras alcanza una cifra similar al presupuesto anual de la Generalitat, unos 40.000 millones de euros, y subrayan que el bajo grado de ejecución de la inversión estatal en Cataluña ha agravado esta situación. Aunque las inversiones no forman parte directa del sistema de financiación, consideran que son una vía clave para reducir el déficit fiscal y mejorar la competitividad del país.. Otro de los aspectos destacados es la posibilidad de avanzar hacia una mayor corresponsabilidad fiscal, tanto mediante una gestión más directa de los impuestos por parte de las agencias tributarias autonómicas como a través de una financiación más estable de las competencias no homogéneas. Las entidades consideran que estos pasos pueden reforzar la autonomía financiera y la eficiencia del sistema, siempre que se desarrollen con garantías.
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