El cantante Julio Iglesias ha pedido nuevamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita el escrito que contiene las acusaciones en su contra por las presuntas agresiones sexuales sufridas por dos de sus exempleadas a fin de «determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa».. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, su letrado se dirige al Ministerio Público días después de que éste decidiese archivar las diligencias contra Iglesias ante la «falta de competencia» del tribunal para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe.. Su abogado, en concreto, pide a la Fiscalía «copia de la denuncia y el contenido íntegro de las diligencias de investigación preprocesal», asegurando que «no existe ninguna ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él».. «No podemos olvidar tampoco que el acceso a la denuncia es además necesario a los efectos de que podamos determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa, este sí en España, por parte de las denunciantes, de modo que, desde esta perspectiva, el interés legítimo del señor Iglesias está igualmente justificado», apunta el escrito.. La representación del cantante critica que el decreto de archivo de la Fiscalía haya «asignado a las denunciantes como testigos protegidos». Todo ello después de que estas, «a través de sus representantes y medios afines», hubieran «orquestado una agresiva campaña mediática» contra Iglesias «que ha lesionado irreversiblemente su derecho al honor». «Lo que no resulta compatible con la demanda de protección que les ha otorgado la Fiscalía de España, aún sin jurisdicción», añade.. Y es que, apunta, esa «condición de testigos protegidos no puede conducir a la denegación de acceso del denunciado al contenido de las diligencias practicadas y a que se le imponga la privación definitiva de adquirir el conocimiento sobre el contenido de la denuncia y de lo actuado, y que se le remita a la información que proporcionen los medios de comunicación y al uso que de la denuncia se pueda seguir haciendo en los medios afines a la organización denunciante, sin posibilidad de defensa de sus derechos fundamentales».
El cantante Julio Iglesias ha pedido nuevamente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita el escrito que contiene las acusaciones en su contra por las presuntas agresiones sexuales sufridas por dos de sus exempleadas a fin de «determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa».. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, su letrado se dirige al Ministerio Público días después de que éste decidiese archivar las diligencias contra Iglesias ante la «falta de competencia» del tribunal para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe.. Su abogado, en concreto, pide a la Fiscalía «copia de la denuncia y el contenido íntegro de las diligencias de investigación preprocesal», asegurando que «no existe ninguna ley que limite el derecho del denunciado a conocer las actuaciones desarrolladas en virtud de una denuncia dirigida contra él».. «No podemos olvidar tampoco que el acceso a la denuncia es además necesario a los efectos de que podamos determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa, este sí en España, por parte de las denunciantes, de modo que, desde esta perspectiva, el interés legítimo del señor Iglesias está igualmente justificado», apunta el escrito.. La representación del cantante critica que el decreto de archivo de la Fiscalía haya «asignado a las denunciantes como testigos protegidos». Todo ello después de que estas, «a través de sus representantes y medios afines», hubieran «orquestado una agresiva campaña mediática» contra Iglesias «que ha lesionado irreversiblemente su derecho al honor». «Lo que no resulta compatible con la demanda de protección que les ha otorgado la Fiscalía de España, aún sin jurisdicción», añade.. Y es que, apunta, esa «condición de testigos protegidos no puede conducir a la denegación de acceso del denunciado al contenido de las diligencias practicadas y a que se le imponga la privación definitiva de adquirir el conocimiento sobre el contenido de la denuncia y de lo actuado, y que se le remita a la información que proporcionen los medios de comunicación y al uso que de la denuncia se pueda seguir haciendo en los medios afines a la organización denunciante, sin posibilidad de defensa de sus derechos fundamentales».
