En la era de los teléfonos inteligentes, cualquier testigo puede documentar gráficamente en cuestión de segundos lo que está viendo. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en Minneapolis, y los vídeos de los propios vecinos han abierto una brecha insalvable entre el relato oficial y las imágenes del tiroteo que acabó con la vida de Alex Pretti, un enfermero de UCI estadounidense de 37 años, sin antecedentes penales, según las autoridades locales. El hecho de que Pretti trabajara en el sistema sanitario de veteranos ha reforzado el impacto del caso en la ciudad. No se trataba de un agitador como el Gobierno trata de pintarlo, sino de un sanitario local.. El sábado, horas después de conocerse la segunda muerte de una persona en dos semanas a manos de agentes federales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se apresuraba a marcar el relato público de los hechos con un comunicado en el que aseguraba que mientras los agentes de Border Patrol llevaban a cabo una operación para detener a una persona indocumentada, la víctima «se acercó a ellos con una pistola semiautomática 9 mm», y durante el forcejeo tratando de «desarmarlo», un agente dijo temer por su vida y le disparó mortalmente.. El problema para Washington fue que su versión comenzó a hacer agua en cuanto los expertos en análisis de imágenes de varios medios de comunicación comenzaron a poner en duda la versión oficial. Según el trabajo del equipo de «The Washington Post», Pretti, que poseía licencia para el porte de armas de fuego, en ningún momento aparece empuñando una. Se le ve en un vídeo grabando la actuación de los agentes con su teléfono móvil, y a continuación varios agentes le golpean y reducen tras haberlo rociado con un spray. En un momento dado, uno de ellos mete la mano en una funda que la víctima lleva enganchada al cinturón y extrae algo que muchos apuntan a que se trata de un arma (una información que ninguna fuerza del orden había confirmado al cierre de esta edición) y sale huyendo, apenas segundos antes de que otro agente disparara contra Pretti, que fallecía en el acto. En las imágenes en ningún momento se ve a la víctima sosteniendo un arma, pero se llegan a escuchar hasta 9 disparos.. Esta descripción de los hechos, tan alejada del relato oficial, pone en duda hasta qué punto el fallecido fue una amenaza mortal para los agentes y pone en entredicho su actuación, que se encuentra en el centro de una investigación liderada por el FBI y el DHS. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha dejado claro que no confía en ellos para que dirijan las pesquisas, y ha reclamado que el caso quede en manos de las fuerzas de seguridad estatales. El medio Axios lo resume haciendo hincapié en que Walz está tratando de que la muerte de un vecino de Minneapolis no quede «encapsulada» en manos federales cuando precisamente son una de las partes implicadas. La pelea ya no es solo política, también se cierne sobre el control de las pruebas. De hecho, un juez federal ha ordenado, explícitamente, preservar todas las evidencias vinculadas al caso, un paso poco habitual que pone en evidencia la desconfianza institucional. En paralelo, la ciudad ha vivido vigilias y homenajes improvisados pese a las temperaturas bajo cero, «mientras organizaciones civiles piden transparencia total y la publicación íntegra de los protocolos y cronologías».. Desde la Administración se niegan en rotundo, y contraatacan. Donald Trump acusaba este fin de semana a los funcionarios locales de «incitar a la insurrección», mientras el vicepresidente JD Vance les acusaba de apoyar a los «activistas de la izquierda radical». Más lejos llegaba la fiscal general estadounidense, Pam Bondi. En una carta al gobernador Walz le instaba a derogar las política santuario de su territorio, solicitando, por ejemplo, que los centros de detención locales colaboren con ICE y que se permita a sus agentes interrogar a las personas que se encuentran detenidas para «poner fin al caos en Minnesota». Walz ya anteriormente se ha negado, y ha seguido apoyando que los ciudadanos se manifiesten de manera pacífica.. Y en medio de todo, surgen las primeras voces por parte del Partido Demócrata en contra de aprobar un paquete de ayudas esta semana que incluiría 10.000 millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). «No puedo votar a favor de un proyecto de ley que incluya financiación para ICE en estas circunstancias», señaló el senador independiente Angus King. El viernes se cumple el plazo para que se apruebe este nuevo paquete en el Senado, y dentro del Partido Republicano también empieza a haber voces en contra, como el representante James Comer, que en una entrevista con Fox News reconoció que Trump debería considerar la retirada de los agentes de ICE de Minneapolis y enviarlos a otro Estado.
En la era de los teléfonos inteligentes, cualquier testigo puede documentar gráficamente en cuestión de segundos lo que está viendo. Eso es exactamente lo que ha ocurrido en Mineápolis, y los vídeos de los propios vecinos han abierto una brecha insalvable entre el relato oficial y las imágenes del tiroteo que acabó con la vida de Alex Pretti, un enfermero de UCI estadounidense de 37 años, sin antecedentes penales, según las autoridades locales. El hecho de que Pretti trabajara en el sistema sanitario de veteranos ha reforzado el impacto del caso en la ciudad. No se trataba de un agitador como el Gobierno trata de pintarlo, sino de un sanitario local.. El sábado, horas después de conocerse la segunda muerte de una persona en dos semanas a manos de agentes federales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se apresuraba a marcar el relato público de los hechos con un comunicado en el que aseguraba que mientras los agentes de Border Patrol llevaban a cabo una operación para detener a una persona indocumentada, la víctima «se acercó a ellos con una pistola semiautomática 9 mm», y durante el forcejeo tratando de «desarmarlo», un agente dijo temer por su vida y le disparó mortalmente.. El problema para Washington fue que su versión comenzó a hacer agua en cuanto los expertos en análisis de imágenes de varios medios de comunicación comenzaron a poner en duda la versión oficial. Según el trabajo del equipo de «The Washington Post», Pretti, que poseía licencia para el porte de armas de fuego, en ningún momento aparece empuñando una. Se le ve en un vídeo grabando la actuación de los agentes con su teléfono móvil, y a continuación varios agentes le golpean y reducen tras haberlo rociado con un spray. En un momento dado, uno de ellos mete la mano en una funda que la víctima lleva enganchada al cinturón y extrae algo que muchos apuntan a que se trata de un arma (una información que ninguna fuerza del orden había confirmado al cierre de esta edición) y sale huyendo, apenas segundos antes de que otro agente disparara contra Pretti, que fallecía en el acto. En las imágenes en ningún momento se ve a la víctima sosteniendo un arma, pero se llegan a escuchar hasta 9 disparos.. Esta descripción de los hechos, tan alejada del relato oficial, pone en duda hasta qué punto el fallecido fue una amenaza mortal para los agentes y pone en entredicho su actuación, que se encuentra en el centro de una investigación liderada por el FBI y el DHS. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha dejado claro que no confía en ellos para que dirijan las pesquisas, y ha reclamado que el caso quede en manos de las fuerzas de seguridad estatales. El medio Axios lo resume haciendo hincapié en que Walz está tratando de que la muerte de un vecino de Mineápolis no quede «encapsulada» en manos federales cuando precisamente son una de las partes implicadas. La pelea ya no es solo política, también se cierne sobre el control de las pruebas. De hecho, un juez federal ha ordenado, explícitamente, preservar todas las evidencias vinculadas al caso, un paso poco habitual que pone en evidencia la desconfianza institucional. En paralelo, la ciudad ha vivido vigilias y homenajes improvisados pese a las temperaturas bajo cero, «mientras organizaciones civiles piden transparencia total y la publicación íntegra de los protocolos y cronologías».. Desde la Administración se niegan en rotundo, y contraatacan. Donald Trump acusaba este fin de semana a los funcionarios locales de «incitar a la insurrección», mientras el vicepresidente JD Vance les acusaba de apoyar a los «activistas de la izquierda radical». Más lejos llegaba la fiscal general estadounidense, Pam Bondi. En una carta al gobernador Walz le instaba a derogar las política santuario de su territorio, solicitando, por ejemplo, que los centros de detención locales colaboren con ICE y que se permita a sus agentes interrogar a las personas que se encuentran detenidas para «poner fin al caos en Minnesota». Walz ya anteriormente se ha negado, y ha seguido apoyando que los ciudadanos se manifiesten de manera pacífica.. Y en medio de todo, surgen las primeras voces por parte del Partido Demócrata en contra de aprobar un paquete de ayudas esta semana que incluiría 10.000 millones de dólares para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). «No puedo votar a favor de un proyecto de ley que incluya financiación para ICE en estas circunstancias», señaló el senador independiente Angus King. El viernes se cumple el plazo para que se apruebe este nuevo paquete en el Senado, y dentro del Partido Republicano también empieza a haber voces en contra, como el representante James Comer, que en una entrevista con Fox News reconoció que Trump debería considerar la retirada de los agentes de ICE de Minneapolis y enviarlos a otro Estado.
Las imágenes grabadas por los testigos muestran que agentes de la policía migratoria dispararon a bocajarro a la víctima sin mediar una amenaza
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