Las dos sobrinas del empresario y mecenas Pere Mir declararon ayer ante la jueza que instruye el denominado caso Cellex que los albaceas de la herencia de su tío les ocultaron durante años la existencia de una renta vitalicia mensual de 14.000 euros que el filántropo había dispuesto a su favor. Según su testimonio, no tuvieron conocimiento de ese legado hasta que una inspección de la Agencia Tributaria les reclamó el pago del impuesto correspondiente por unas cantidades que nunca habían llegado a percibir.. María Cristina y María Teresa Pàmias comparecieron como testigos ante el juzgado de instrucción número 12 de Barcelona, que investiga la gestión de la herencia del empresario, fallecido sin descendencia en 2017. En la causa están siendo investigados los albaceas del patrimonio, entre ellos quien fue la mano derecha de Mir, Jordi Segarra, y el oncólogo Josep Tabernero, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebron, según han informado fuentes jurídicas.. Las sobrinas del mecenas —considerado uno de los principales impulsores privados de la investigación científica en Cataluña— se han personado como acusación particular en el procedimiento penal abierto contra los albaceas por un presunto desvío de fondos del legado. La magistrada cifra provisionalmente el perjuicio económico en 6,2 millones de euros. Pese a ello, las testigos dejaron claro ante la jueza que no impugnan en ningún caso el testamento de su tío ni cuestionan su voluntad, sino la forma en que esta habría sido ejecutada.. En su declaración, ambas relataron que no fue hasta el año 2020 cuando supieron que Pere Mir había establecido a su favor una renta vitalicia de 14.000 euros mensuales para cada una, además de la entrega de determinadas joyas de su patrimonio personal. El descubrimiento se produjo, explicaron, tras recibir una notificación de la Agencia Tributaria en la que Hacienda les reclamaba el impuesto de sucesiones y donaciones correspondiente a esa renta vitalicia, pese a que nunca habían recibido ingreso alguno.. Tras ese requerimiento fiscal, las sobrinas se pusieron en contacto, a través de un asesor, con Jordi Segarra para reclamar el cobro de la renta. Como resultado de esas gestiones, recibieron en 2022 un pago de 360.000 euros cada una y, al año siguiente, otros 84.000 euros repartidos entre ambas. Según sostienen, esas cantidades no se corresponden con lo que su tío había previsto para ellas ni con el volumen total del legado.. Durante su comparecencia, las testigos explicaron que posteriormente tuvieron conocimiento de la existencia de una sociedad mercantil que Pere Mir había dotado con 9,5 millones de euros con el objetivo específico de garantizar el pago de la renta vitalicia. Esa empresa, siempre según su versión, estaba administrada por Segarra y habría sido utilizada para concederse créditos, al tiempo que su patrimonio se fue reduciendo de forma progresiva.. Este extremo enlaza con una de las principales líneas de investigación del caso. La jueza sostiene que existen indicios de que los albaceas utilizaron sociedades del entramado patrimonial del mecenas para autoconcederse préstamos y obtener liquidez en condiciones ventajosas, en perjuicio tanto de las propias sociedades como de los beneficiarios finales del legado. Las sobrinas también se refirieron a las joyas que, según el testamento, debían recibir. Explicaron que han recibido algunas alhajas, pero no la totalidad de las que les corresponderían, una cuestión que forma parte del conjunto de irregularidades que la magistrada analiza dentro del procedimiento.. El testimonio de María Cristina y María Teresa Pàmias se produce en un momento especialmente relevante de la instrucción. Hace apenas unos días, la jueza acordó volver a intervenir judicialmente las fundaciones Cellex y Mir Puig, herederas del grueso del patrimonio de Pere Mir. La magistrada adoptó esta medida al considerar «reforzados” los indicios de deslealtad en la actuación de los albaceas y ordenó que el Protectorado de Fundaciones de Cataluña asumiera su administración durante un periodo inicial de seis meses prorrogables.. En el procedimiento se investiga si Segarra y Tabernero se apropiaron de fondos que debían destinarse a las fundaciones creadas por el mecenas y por su esposa, Núria Pàmies, fallecida en 2018. En uno de sus autos, la jueza apunta a que Segarra y Tabernero se habrían apropiado, respectivamente, de 287.968 y 954.000 euros, dentro de un perjuicio global que cifra en 6,2 millones. La instructora ya destituyó en abril del pasado año a los patronos y administradores de las fundaciones ante las sospechas de una administración irregular del legado.
Aseguran frente a la jueza que los albaceas de la herencia de su tío les ocultaron durante años la existencia de una renta vitalicia de 14.000 euros mensual a su favor
Las dos sobrinas del empresario y mecenas Pere Mir declararon ayer ante la jueza que instruye el denominado caso Cellex que los albaceas de la herencia de su tío les ocultaron durante años la existencia de una renta vitalicia mensual de 14.000 euros que el filántropo había dispuesto a su favor. Según su testimonio, no tuvieron conocimiento de ese legado hasta que una inspección de la Agencia Tributaria les reclamó el pago del impuesto correspondiente por unas cantidades que nunca habían llegado a percibir.. María Cristina y María Teresa Pàmias comparecieron como testigos ante el juzgado de instrucción número 12 de Barcelona, que investiga la gestión de la herencia del empresario, fallecido sin descendencia en 2017. En la causa están siendo investigados los albaceas del patrimonio, entre ellos quien fue la mano derecha de Mir, Jordi Segarra, y el oncólogo Josep Tabernero, jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebron, según han informado fuentes jurídicas.. Las sobrinas del mecenas —considerado uno de los principales impulsores privados de la investigación científica en Cataluña— se han personado como acusación particular en el procedimiento penal abierto contra los albaceas por un presunto desvío de fondos del legado. La magistrada cifra provisionalmente el perjuicio económico en 6,2 millones de euros. Pese a ello, las testigos dejaron claro ante la jueza que no impugnan en ningún caso el testamento de su tío ni cuestionan su voluntad, sino la forma en que esta habría sido ejecutada.. En su declaración, ambas relataron que no fue hasta el año 2020 cuando supieron que Pere Mir había establecido a su favor una renta vitalicia de 14.000 euros mensuales para cada una, además de la entrega de determinadas joyas de su patrimonio personal. El descubrimiento se produjo, explicaron, tras recibir una notificación de la Agencia Tributaria en la que Hacienda les reclamaba el impuesto de sucesiones y donaciones correspondiente a esa renta vitalicia, pese a que nunca habían recibido ingreso alguno.. Tras ese requerimiento fiscal, las sobrinas se pusieron en contacto, a través de un asesor, con Jordi Segarra para reclamar el cobro de la renta. Como resultado de esas gestiones, recibieron en 2022 un pago de 360.000 euros cada una y, al año siguiente, otros 84.000 euros repartidos entre ambas. Según sostienen, esas cantidades no se corresponden con lo que su tío había previsto para ellas ni con el volumen total del legado.. Durante su comparecencia, las testigos explicaron que posteriormente tuvieron conocimiento de la existencia de una sociedad mercantil que Pere Mir había dotado con 9,5 millones de euros con el objetivo específico de garantizar el pago de la renta vitalicia. Esa empresa, siempre según su versión, estaba administrada por Segarra y habría sido utilizada para concederse créditos, al tiempo que su patrimonio se fue reduciendo de forma progresiva.. Este extremo enlaza con una de las principales líneas de investigación del caso. La jueza sostiene que existen indicios de que los albaceas utilizaron sociedades del entramado patrimonial del mecenas para autoconcederse préstamos y obtener liquidez en condiciones ventajosas, en perjuicio tanto de las propias sociedades como de los beneficiarios finales del legado. Las sobrinas también se refirieron a las joyas que, según el testamento, debían recibir. Explicaron que han recibido algunas alhajas, pero no la totalidad de las que les corresponderían, una cuestión que forma parte del conjunto de irregularidades que la magistrada analiza dentro del procedimiento.. El testimonio de María Cristina y María Teresa Pàmias se produce en un momento especialmente relevante de la instrucción. Hace apenas unos días, la jueza acordó volver a intervenir judicialmente las fundaciones Cellex y Mir Puig, herederas del grueso del patrimonio de Pere Mir. La magistrada adoptó esta medida al considerar «reforzados” los indicios de deslealtad en la actuación de los albaceas y ordenó que el Protectorado de Fundaciones de Cataluña asumiera su administración durante un periodo inicial de seis meses prorrogables.. En el procedimiento se investiga si Segarra y Tabernero se apropiaron de fondos que debían destinarse a las fundaciones creadas por el mecenas y por su esposa, Núria Pàmies, fallecida en 2018. En uno de sus autos, la jueza apunta a que Segarra y Tabernero se habrían apropiado, respectivamente, de 287.968 y 954.000 euros, dentro de un perjuicio global que cifra en 6,2 millones. La instructora ya destituyó en abril del pasado año a los patronos y administradores de las fundaciones ante las sospechas de una administración irregular del legado.
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