El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha calificado hoy como “duro revés” la sentencia que le obliga a pagar una indemnización de más de 350 millones a las empresas Murcia Puchades Expansión, SL y Urbana Villajoyosa 2000, SL, por unos terrenos situados en el Parque Natural de Serra Gelada, cuya edificabilidad fue anulada tras la declaración de protección ambiental.. Unas declaraciones que se producen después de que el Tribunal Constitucional rechazara ayer el recurso presentado por el Ayuntamiento de Benidorm; un recurso que, a su vez, tenía como fin evitar el pago de los 350 millones. “Los servicios municipales tienen que analizar la sentencia y si cabe recurso ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días hábiles”, ha agregado.. Tras dar una rueda de prensa para presentar la oferta de la Costa en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, en calidad de presidente de la Diputación de Alicante, y a preguntas de los periodistas, Pérez ha sido tajante en cuanto a la repercusión del pago de los 350 millones de euros para las arcas municipales. “Ni habrá intervención -en alusión a la Admnistración estatal- ni supondrá la ruina del Ayuntamiento”, ha dicho.. “Benidorm tiene capacidad para afrontar una situación -en alusión al pago de la indemnización- que no es menor”. Ha descartado además que se alcance un posible acuerdo con la familia Murcia Puchades, propietaria de los terrenos de Serra Gelada.. “Acateremos lo que diga la justicia”, ha recalcado Pérez, quien ha ensalzado además la existencia de un parque de las características de Serra Gelada. “Es un lugar único para los habitantes de Benidorm y para los turistas; hay muchos vecinos del municipio que prefieren tener un espacio natural como Serra Gelada inalterado y lo que cuesta tenerlo así lo dice el juez”, ha dicho.. “Es un revés brutal y exploraremos todas las vías para afrontarlo”, ha recalcado.. El origen del conflicto. El origen del conflicto se remonta al año 2003, cuando el Ayuntamiento benidormense, presidido entonces por el popular Vicente Pérez Devesa, firmó un convenio con los dueños de los terrenos del sector APR-7 para trasladar el aprovechamiento urbanístico de esas parcelas a otras zonas del municipio.. Tras la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Serra Gelada en 2005, las parcelas quedaron afectadas por la declaración de Parque Natural. Pese a ello, los convenios seguían vigentes, con prórrogas firmadas por sucesivas corporaciones en 2010 y 2013.. En 2015, ante el incumplimiento del convenio, los propietarios valoraron los terrenos en 280 millones de euros y solicitaron su compensación en metálico o en especie.. En 2018 interpusieron una reclamación judicial. En primera instancia, el Ayuntamiento obtuvo un fallo favorable, pero los propietarios recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que les dio la razón.. El TSJCV consideró que el consistorio había adquirido compromisos válidos, que no se habían cumplido, y fijó la compensación en 283 millones de euros, más intereses. El Tribunal Supremo inadmitió el recurso del ayuntamiento en 2024, confirmando la sentencia y dejando la indemnización como firme.. El siguiente paso de la corporación local fue recurrir al TC, interponiendo un recurso de amparo, y solicitar la suspensión de la ejecución de sentencia en lo que se resolvía el recurso que, finalmente ha sido inadmitido.. El Ayuntamiento benidormense sostiene que los convenios son nulos de pleno derecho, al considerar que no se llegó a efectuar la cesión de terrenos ni se cumplieron los requisitos urbanísticos previos. Ha abierto varias causas judiciales paralelas para impugnar la validez de los acuerdos firmados y anular la responsabilidad patrimonial, una vía que todavía no se ha agotado.. En una de ellas, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV da por ‘válidos’ y ‘eficaces’ los convenios urbanísticos de Serra Gelada y anula el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, que había avalado previamente la actuación municipal. En este caso, la resolución no es firme y puede ser recurrida en un plazo de 30 días naturales.
Asegura que es «un revés brutal» pero que el Consistorio tiene la capacidad de gestionarlo
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha calificado hoy como “duro revés” la sentencia que le obliga a pagar una indemnización de más de 350 millones a las empresas Murcia Puchades Expansión, SL y Urbana Villajoyosa 2000, SL, por unos terrenos situados en el Parque Natural de Serra Gelada, cuya edificabilidad fue anulada tras la declaración de protección ambiental.. Unas declaraciones que se producen después de que el Tribunal Constitucional rechazara ayer el recurso presentado por el Ayuntamiento de Benidorm; un recurso que, a su vez, tenía como fin evitar el pago de los 350 millones. “Los servicios municipales tienen que analizar la sentencia y si cabe recurso ante el Tribunal Supremo en un plazo de 30 días hábiles”, ha agregado.. Tras dar una rueda de prensa para presentar la oferta de la Costa en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, en calidad de presidente de la Diputación de Alicante, y a preguntas de los periodistas, Pérez ha sido tajante en cuanto a la repercusión del pago de los 350 millones de euros para las arcas municipales. “Ni habrá intervención -en alusión a la Admnistración estatal- ni supondrá la ruina del Ayuntamiento”, ha dicho.. “Benidorm tiene capacidad para afrontar una situación -en alusión al pago de la indemnización- que no es menor”. Ha descartado además que se alcance un posible acuerdo con la familia Murcia Puchades, propietaria de los terrenos de Serra Gelada.. “Acateremos lo que diga la justicia”, ha recalcado Pérez, quien ha ensalzado además la existencia de un parque de las características de Serra Gelada. “Es un lugar único para los habitantes de Benidorm y para los turistas; hay muchos vecinos del municipio que prefieren tener un espacio natural como Serra Gelada inalterado y lo que cuesta tenerlo así lo dice el juez”, ha dicho.. “Es un revés brutal y exploraremos todas las vías para afrontarlo”, ha recalcado.. El origen del conflicto. El origen del conflicto se remonta al año 2003, cuando el Ayuntamiento benidormense, presidido entonces por el popular Vicente Pérez Devesa, firmó un convenio con los dueños de los terrenos del sector APR-7 para trasladar el aprovechamiento urbanístico de esas parcelas a otras zonas del municipio.. Tras la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Serra Gelada en 2005, las parcelas quedaron afectadas por la declaración de Parque Natural. Pese a ello, los convenios seguían vigentes, con prórrogas firmadas por sucesivas corporaciones en 2010 y 2013.. En 2015, ante el incumplimiento del convenio, los propietarios valoraron los terrenos en 280 millones de euros y solicitaron su compensación en metálico o en especie.. En 2018 interpusieron una reclamación judicial. En primera instancia, el Ayuntamiento obtuvo un fallo favorable, pero los propietarios recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que les dio la razón.. El TSJCV consideró que el consistorio había adquirido compromisos válidos, que no se habían cumplido, y fijó la compensación en 283 millones de euros, más intereses. El Tribunal Supremo inadmitió el recurso del ayuntamiento en 2024, confirmando la sentencia y dejando la indemnización como firme.. El siguiente paso de la corporación local fue recurrir al TC, interponiendo un recurso de amparo, y solicitar la suspensión de la ejecución de sentencia en lo que se resolvía el recurso que, finalmente ha sido inadmitido.. El Ayuntamiento benidormense sostiene que los convenios son nulos de pleno derecho, al considerar que no se llegó a efectuar la cesión de terrenos ni se cumplieron los requisitos urbanísticos previos. Ha abierto varias causas judiciales paralelas para impugnar la validez de los acuerdos firmados y anular la responsabilidad patrimonial, una vía que todavía no se ha agotado.. En una de ellas, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV da por ‘válidos’ y ‘eficaces’ los convenios urbanísticos de Serra Gelada y anula el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Alicante, que había avalado previamente la actuación municipal. En este caso, la resolución no es firme y puede ser recurrida en un plazo de 30 días naturales.
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