El equipo especial de fiscales a cargo del caso de insurrección contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol ha pedido este martes la pena de muerte para el exmandatario en relación con la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después. Los fiscales han señalado a Yoon como el responsable de liderar un proceso de insurrección al declarar la citada ley, que llevó al despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento y desató una grave crisis política a nivel interno, según informaciones del diario ‘The Korea Times’.. Como recoge Europa Press, en su solicitud, han argumentado que Yoon era, en última instancia, responsable de «intentar socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional». Así, han defendido que estas acciones representaron una «grave amenaza para la democracia y que justifican la pena más severa prevista por la ley surcoreana». Esta petición, que ha sido planteada durante una vista judicial ante el tribunal de distrito de Seúl, marca un momento de inflexión en uno de los casos judiciales más polémicos de la historia del país asiático.. El expresidente ha sido imputado también por abuso de poder y obstrucción a la justicia, y los fiscales inciden en que siguió adelante con la imposición de una ley reservada para tiempos de guerra, emergencias nacionales o crisis de gran envergadura. Sin embargo, Yoon alegó en todo momento que su decisión era constitucional y legal, unos argumentos que han sido rechazados por los fiscales. El exjefe de Estado ha sido acusado de haber tomado medidas para propiciar el arresto de figuras políticas relevantes durante aquella jornada del 3 de diciembre, entre ellas el presidente del Parlamento, Woo Won Shik, y el entonces líder opositor (y ahora presidente del país), Lee Jae Myung.. Desde entonces, varios ministros y altos cargos de su Gobierno han sido imputados en condición de cómplices por desempeñar un papel fundamental a la hora de supuestamente instigar a la insurrección. Bajo el Código Penal surcoreano, el delito de encabezar actos de insurrección lleva a tres posibles escenarios: la pena de muerte, la cadena perpetua o la cadena perpetua exenta de trabajos forzosos.
El equipo especial de fiscales a cargo del caso de insurrección contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol ha pedido este martes la pena de muerte para el exmandatario en relación con la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después. Los fiscales han señalado a Yoon como el responsable de liderar un proceso de insurrección al declarar la citada ley, que llevó al despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento y desató una grave crisis política a nivel interno, según informaciones del diario ‘The Korea Times’.. Como recoge Europa Press, en su solicitud, han argumentado que Yoon era, en última instancia, responsable de «intentar socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional». Así, han defendido que estas acciones representaron una «grave amenaza para la democracia y que justifican la pena más severa prevista por la ley surcoreana». Esta petición, que ha sido planteada durante una vista judicial ante el tribunal de distrito de Seúl, marca un momento de inflexión en uno de los casos judiciales más polémicos de la historia del país asiático.. El expresidente ha sido imputado también por abuso de poder y obstrucción a la justicia, y los fiscales inciden en que siguió adelante con la imposición de una ley reservada para tiempos de guerra, emergencias nacionales o crisis de gran envergadura. Sin embargo, Yoon alegó en todo momento que su decisión era constitucional y legal, unos argumentos que han sido rechazados por los fiscales. El exjefe de Estado ha sido acusado de haber tomado medidas para propiciar el arresto de figuras políticas relevantes durante aquella jornada del 3 de diciembre, entre ellas el presidente del Parlamento, Woo Won Shik, y el entonces líder opositor (y ahora presidente del país), Lee Jae Myung.. Desde entonces, varios ministros y altos cargos de su Gobierno han sido imputados en condición de cómplices por desempeñar un papel fundamental a la hora de supuestamente instigar a la insurrección. Bajo el Código Penal surcoreano, el delito de encabezar actos de insurrección lleva a tres posibles escenarios: la pena de muerte, la cadena perpetua o la cadena perpetua exenta de trabajos forzosos.
Desde el organismo argumental que sus acciones representaron una «grave amenaza para la democracia»
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