El inicio de 2026 supone una nueva realidad para los regantes de la Región de Murcia, tanto en cuanto en este nuevo ejercicio se ha hecho efectiva una nueva vuelta de tuerca al trasvase Tajo-Segura. El pasado 1 de enero entró en vigor el segundo escalón del caudal ecológico del Tajo impuesto por el Gobierno de España, fijado en 8 metros cúbicos por segundo, lo que supone el inicio de la consumación del “hachazo” a esta infraestructura hídrica vital para la Región de Murcia. Así lo entienden desde el Gobierno regional, cuyo portavoz, Marcos Ortuño, ha asegurado este viernes que “es un incremento que carece de justificación técnica sólida y que se adopta sin una evaluación real de la primera subida del caudal ecológico, porque el Ministerio no ha constituido la Comisión de Seguimiento del Plan, que es obligatoria”. Tras esta decisión subyace, según el Ejecutivo murciano, la clara intención del ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) de reducir progresivamente los envíos de agua al Levante español, algo que compromete el futuro de la agricultura de la Región, de la que dependen miles de puestos de trabajo.
En opinión del Gobierno regional, se trata de una decisión “política”, que persigue castigar a la Región de Murcia. Así lo ha afirmado Marcos Ortuño, que ha comparecido en una rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido el presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS) con el líder del Ejecutivo autonómico. Ortuño ha denunciado la “falta de transparencia” que está demostrando el MITECO en el cambio en las reglas de explotación del Tajo-Segura, a la vez que ha añadido que el Gobierno murciano tiene una “enorme preocupación ante la arbitrariedad del régimen de caudales ecológicos adoptado por el Gobierno de España”.
Esta variación en las reglas del juego ha sumido a los regantes murcianos en una situación de incertidumbre, ya que se ha encarecido el acceso al agua con la que riegan sus cultivos, sin que se hayan presentado alternativas viables para suplir esa carencia de recursos hídricos. Marcos Ortuño ha dicho que “es fundamental que el Gobierno de España abandone el enfoque ideológico”, a la vez que ha reclamado nuevamente que se acometa un Plan Hidrológico Nacional, que dé respuesta a las necesidades de agua de todos los territorios, especialmente, para aquellos que son deficitarios como la Región de Murcia. Además, ha instado al Ejecutivo de Sánchez a que acometa cuanto antes las infraestructuras hídricas necesarias en la comunidad.
Más combativo, como suele ser habitual, se ha mostrado el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, quien ha calificado como “una traición” la decisión del Gobierno de España de invertir en obras hídricas en el país vecino, Marruecos, algo que ha caldeado los ánimos de los regantes murcianos. En concreto, el Ejecutivo español habría comprometido una inversión que asciende a los 250 millones de euros para la construcción de dos desaladoras en el país alauita, que irían emplazadas en las ciudades de Casablanca y Agadir. El plan del Gobierno de Sánchez consistiría en ayudar a Marruecos a construir una ‘autopista’ del agua, es decir, una interconexión de cuencas para llevar agua de los territorios donde sobra a donde falta. Las estimaciones que hace el reino marroquí hablan de abastecer, gracias al agua desalada, a un 60 % de la población alauita en el año 2030.
Lucas Jiménez ha asegurado que se trata de “una actuación totalmente demencial, es una actuación vergonzante y, desde luego, para el sector nuestro, para sus vecinos regantes, sus familiares, agricultores, yo creo que es una traición de primer nivel”. Además, Jiménez ha denunciado que el Gobierno de Sánchez está ayudando a un país, cuyos productos “no tienen una trazabilidad clara y que dudamos muy seriamente de su salubridad”. El líder de los regantes murcianos ha apuntado,
además, que países como Marruecos están ejerciendo “una competencia desleal” con la comercialización de determinados productos, sin ir más lejos, el tomate. La prueba más evidente son las recientes protestas del sector agrícola acaecidas en Bruselas, que exige cláusulas espejo y que todos los países puedan concurrir a los mercados en igualdad de condiciones.
Por su parte, el líder de los socialistas murcianos y delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, preguntado sobre esta cuestión, ha asegurado que “no voy a contribuir al ruido mediático y estoy centrado en garantizar el agua para siempre en la Región de Murcia; con un Gobierno socialista nunca ha faltado agua en esta Región y nunca va a faltar”. Un argumentario recurrente, el del jefe del PSRM que, sin embargo, no aporta tranquilidad a los regantes murcianos, que ven peligrar sus cosechas y su porvenir, ante un futuro plagado de incertidumbre por la cuestión hídrica.
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El inicio de 2026 supone una nueva realidad para los regantes de la Región de Murcia, tanto en cuanto en este nuevo ejercicio se ha hecho efectiva una nueva vuelta de tuerca al trasvase Tajo-Segura. El pasado 1 de enero entró en vigor el segundo escalón del caudal ecológico del Tajo impuesto por el Gobierno de España, fijado en 8 metros cúbicos por segundo, lo que supone el inicio de la consumación del “hachazo” a esta infraestructura hídrica vital para la Región de Murcia. Así lo entienden desde el Gobierno regional, cuyo portavoz, Marcos Ortuño, ha asegurado este viernes que “es un incremento que carece de justificación técnica sólida y que se adopta sin una evaluación real de la primera subida del caudal ecológico, porque el Ministerio no ha constituido la Comisión de Seguimiento del Plan, que es obligatoria”. Tras esta decisión subyace, según el Ejecutivo murciano, la clara intención del ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) de reducir progresivamente los envíos de agua al Levante español, algo que compromete el futuro de la agricultura de la Región, de la que dependen miles de puestos de trabajo.. En opinión del Gobierno regional, se trata de una decisión “política”, que persigue castigar a la Región de Murcia. Así lo ha afirmado Marcos Ortuño, que ha comparecido en una rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido el presidente del Sindicato Central de Regantes (Scrats) con el líder del Ejecutivo autonómico. Ortuño ha denunciado la “falta de transparencia” que está demostrando el Miteco en el cambio en las reglas de explotación del Tajo-Segura, a la vez que ha añadido que el Gobierno murciano tiene una “enorme preocupación ante la arbitrariedad del régimen de caudales ecológicos adoptado por el Gobierno de España”.. Esta variación en las reglas del juego ha sumido a los regantes murcianos en una situación de incertidumbre, ya que se ha encarecido el acceso al agua con la que riegan sus cultivos, sin que se hayan presentado alternativas viables para suplir esa carencia de recursos hídricos. Marcos Ortuño ha dicho que “es fundamental que el Gobierno de España abandone el enfoque ideológico”, a la vez que ha reclamado nuevamente que se acometa un Plan Hidrológico Nacional, que dé respuesta a las necesidades de agua de todos los territorios, especialmente, para aquellos que son deficitarios como la Región de Murcia. Además, ha instado al Ejecutivo de Sánchez a que acometa cuanto antes las infraestructuras hídricas necesarias en la comunidad.. Más combativo, como suele ser habitual, se ha mostrado el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, quien ha calificado como “una traición” la decisión del Gobierno de España de invertir en obras hídricas en el país vecino, Marruecos, algo que ha caldeado los ánimos de los regantes murcianos. En concreto, el Ejecutivo español habría comprometido una inversión que asciende a los 250 millones de euros para la construcción de dos desaladoras en el país alauita, que irían emplazadas en las ciudades de Casablanca y Agadir. El plan del Gobierno de Sánchez consistiría en ayudar a Marruecos a construir una ‘autopista’ del agua, es decir, una interconexión de cuencas para llevar agua de los territorios donde sobra a donde falta. Las estimaciones que hace el reino marroquí hablan de abastecer, gracias al agua desalada, a un 60 % de la población alauita en el año 2030.. Lucas Jiménez ha asegurado que se trata de “una actuación totalmente demencial, es una actuación vergonzante y, desde luego, para el sector nuestro, para sus vecinos regantes, sus familiares, agricultores, yo creo que es una traición de primer nivel”. Además, Jiménez ha denunciado que el Gobierno de Sánchez está ayudando a un país, cuyos productos “no tienen una trazabilidad clara y que dudamos muy seriamente de su salubridad”. El líder de los regantes murcianos ha apuntado,. además, que países como Marruecos están ejerciendo “una competencia desleal” con la comercialización de determinados productos, sin ir más lejos, el tomate. La prueba más evidente son las recientes protestas del sector agrícola acaecidas en Bruselas, que exige cláusulas espejo y que todos los países puedan concurrir a los mercados en igualdad de condiciones.. “Agua para siempre”. Por su parte, el líder de los socialistas murcianos y delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, preguntado sobre esta cuestión, ha asegurado que “no voy a contribuir al ruido mediático y estoy centrado en garantizar el agua para siempre en la Región de Murcia; con un Gobierno socialista nunca ha faltado agua en esta Región y nunca va a faltar”. Un argumentario recurrente, el del jefe del PSRM que, sin embargo, no aporta tranquilidad a los regantes murcianos, que ven peligrar sus cosechas y su porvenir, ante un futuro plagado de incertidumbre por la cuestión hídrica.
Lucas Jiménez: «Es una traición del Gobierno de España»
