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  Sociedad  Más de 7.000 euros de indemnización para una empleada de baja a la que su empresa intentó ‘pillar’ con un detective privado
Sociedad

Más de 7.000 euros de indemnización para una empleada de baja a la que su empresa intentó ‘pillar’ con un detective privado

4 de enero de 2026
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Una sentencia reciente ha declarado nulo el despido de una trabajadora y ha condenado a la empresa a indemnizarla con 7.501 euros por haber vulnerado su derecho fundamental a la intimidad. La compañía, que sospechaba de la veracidad de la baja médica de la empleada, contrató los servicios de un detective privado para seguirla y observar sus actividades cotidianas.. La vigilancia que cruzó la línea roja. Los informes del investigador documentaron actos como llevar a sus hijos al colegio o realizar gestiones domésticas, que la empresa presentó como prueba de que la empleada podía desarrollar su trabajo, sin embargo, el tribunal ha determinado que estas actividades son compatibles con una situación de incapacidad temporal y que la vigilancia instaurada sobre la vida privada de la trabajadora fue desproporcionada y carente de justificación.. La sentencia subraya que el domicilio y el entorno familiar disfrutan de una protección constitucional que no puede ser traspasada sin una sospecha fundada de fraude.. La resolución judicial recalca que las pruebas obtenidas mediante métodos que ignoran los límites de la Ley Orgánica de Protección de Datos son inadmisibles. En este caso, al no existir indicios sólidos de que la baja fuera falsa, la vigilancia se consideró una intromisión ilegítima, el fallo sienta un precedente claro sobre la inutilidad de estas prácticas, que no son válidas en un proceso laboral y que además conllevan graves consecuencias para la empresa que las impulsa.. La condena al pago de 7.501 euros de indemnización responde a la gravedad de la vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora; un despido declarado nulo implica, además de esta indemnización, la obligación de readmitir a la empleada y abonar los salarios de tramitación no percibidos.. Este caso actúa como una severa advertencia para las corporaciones, recordando que el coste económico y reputacional de investigaciones intrusivas supera con creces cualquier posible beneficio.

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Un tribunal declara nulo el despido de una trabajadora y condena a su empresa a pagar 7.501 euros por vulnerar su derecho fundamental a la intimidad mediante una investigación privada desproporcionada durante su incapacidad temporal

  

Una sentencia reciente ha declarado nulo el despido de una trabajadora y ha condenado a la empresa a indemnizarla con 7.501 euros por haber vulnerado su derecho fundamental a la intimidad. La compañía, que sospechaba de la veracidad de la baja médica de la empleada, contrató los servicios de un detective privado para seguirla y observar sus actividades cotidianas.. Los informes del investigador documentaron actos como llevar a sus hijos al colegio o realizar gestiones domésticas, que la empresa presentó como prueba de que la empleada podía desarrollar su trabajo, sin embargo, el tribunal ha determinado que estas actividades son compatibles con una situación de incapacidad temporal y que la vigilancia instaurada sobre la vida privada de la trabajadora fue desproporcionada y carente de justificación.. La sentencia subraya que el domicilio y el entorno familiar disfrutan de una protección constitucional que no puede ser traspasada sin una sospecha fundada de fraude.. La resolución judicial recalca que las pruebas obtenidas mediante métodos que ignoran los límites de la Ley Orgánica de Protección de Datos son inadmisibles. En este caso, al no existir indicios sólidos de que la baja fuera falsa, la vigilancia se consideró una intromisión ilegítima, el fallo sienta un precedente claro sobre la inutilidad de estas prácticas, que no son válidas en un proceso laboral y que además conllevan graves consecuencias para la empresa que las impulsa.. La condena al pago de 7.501 euros de indemnización responde a la gravedad de la vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora; un despido declarado nulo implica, además de esta indemnización, la obligación de readmitir a la empleada y abonar los salarios de tramitación no percibidos.. Este caso actúa como una severa advertencia para las corporaciones, recordando que el coste económico y reputacional de investigaciones intrusivas supera con creces cualquier posible beneficio.

 

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