El Defensor del Pueblo Andaluz advierte de una «gran disparidad» de datos en la implantación en las grandes capitales de provincia de contadores con sistemas de telelectura de consumo de agua, una situación que alcanza, por ejemplo, el 3% en el caso de Granada y del 15% en Huelva.. Igualmente, llama la atención sobre la «excesiva dependencia de programas de ayudas económicas» por parte de las suministradoras para lograr «una mayor implantación de la digitalización en los contadores domiciliarios de agua frente a la mayoritaria utilización de sistemas digitales en los mecanismos de control de la red de abastecimiento a poblaciones a través de sectorización y telecontrol».. Así lo recoge la institución en su escrito de cierre de la queja de oficio que abrió en enero de 2024, consultada por Europa Press, ante las «quejas» recibidas en el órgano por «una elevada facturación de agua debida a un consumo no advertido en caso de avería en las instalaciones interiores». La «intención» del Defensor iba orientada a la elaboración de protocolos de actuación de modo que las suministradoras «asuman un papel proactivo en la advertencia de posibles fugas para procurar su corrección inmediata o para reducir los plazos mínimos de toma de lecturas a fin de evitar la pérdida de agua».. Tras la información recabada por el Defensor, «podemos concluir que la implantación de sistemas digitales de control del consumo de agua urbana resulta muy desigual en el territorio andaluz». «Observamos –continúa el organismo autonómico– que algunas capitales de provincia y entidades mancomunadas en la prestación del servicio son las que presentan mayor implantación de sistemas digitales en los contadores domiciliarios de agua, con porcentajes que alcanzan números alrededor del 70%».. «Sin embargo –aclara el Defensor–, entre las propias capitales de provincia existe una gran disparidad de datos de implantación, puesto que algunas sólo cuentan con contadores con sistemas de telelectura que apenas alcanza el 3% (Granada) o el 15% (Huelva) del parque total de contadores». En esta línea, avisa de que estas entidades tienen previsiones de desarrollo «inferiores al 10% o al 30%, muy lejos de los datos de otras capitales, con elevado grado de implantación de contadores digitales».. «Asimismo –concluye–, hemos observado que la mayoría de entidades cuentan con un grado de implantación de contadores digitales muy limitado, rondando el porcentaje sobre un parque total de contadores entre apenas un 1% hasta un 35%». En relación con las inversiones necesarias para acometer estas mejoras en el control del agua que se consume en entornos urbanos, el Defensor señala la «excesiva dependencia» de las ayudas de la Administración.. «Algunas entidades –reconoce– han señalado incluso que su situación económica-financiera no permite realizar una inversión de cambios de contadores de telegestión que dispone de información disponible para el abonado y que incluya sistemas de alerta para una reacción inmediata ante un consumo excesivo de agua por avería interior, considerando necesaria la ampliación de convocatorias públicas de subvenciones».. El Defensor también analiza la Ley de Economía Circular de Andalucía sobre la que «se ha suscitado un debate en torno a la interpretación que deba darse al alcance del plazo concedido para cumplimiento de la obligación de implantación de sistemas digitales de gestión de los recursos hídricos y las infraestructuras hidráulicas».. «Hemos de acoger las alegaciones de aquellas entidades suministradores que entienden que la norma no impone una digitalización del 100% del parque de contadores a esta fecha». Dichas suministradoras «justificaban que una interpretación en tal sentido supondría un esfuerzo inversor desmedido y que tendría impacto en la tarifa de explotación a cobrar luego a los usuarios del servicio a través de su amortización».
El Defensor señala que alcanza el 3% en el caso de Granada y del 15% en Huelva
El Defensor del Pueblo Andaluz advierte de una «gran disparidad» de datos en la implantación en las grandes capitales de provincia de contadores con sistemas de telelectura de consumo de agua, una situación que alcanza, por ejemplo, el 3% en el caso de Granada y del 15% en Huelva.. Igualmente, llama la atención sobre la «excesiva dependencia de programas de ayudas económicas» por parte de las suministradoras para lograr «una mayor implantación de la digitalización en los contadores domiciliarios de agua frente a la mayoritaria utilización de sistemas digitales en los mecanismos de control de la red de abastecimiento a poblaciones a través de sectorización y telecontrol».. Así lo recoge la institución en su escrito de cierre de la queja de oficio que abrió en enero de 2024, consultada por Europa Press, ante las «quejas» recibidas en el órgano por «una elevada facturación de agua debida a un consumo no advertido en caso de avería en las instalaciones interiores». La «intención» del Defensor iba orientada a la elaboración de protocolos de actuación de modo que las suministradoras «asuman un papel proactivo en la advertencia de posibles fugas para procurar su corrección inmediata o para reducir los plazos mínimos de toma de lecturas a fin de evitar la pérdida de agua».. Tras la información recabada por el Defensor, «podemos concluir que la implantación de sistemas digitales de control del consumo de agua urbana resulta muy desigual en el territorio andaluz». «Observamos –continúa el organismo autonómico– que algunas capitales de provincia y entidades mancomunadas en la prestación del servicio son las que presentan mayor implantación de sistemas digitales en los contadores domiciliarios de agua, con porcentajes que alcanzan números alrededor del 70%».. «Sin embargo –aclara el Defensor–, entre las propias capitales de provincia existe una gran disparidad de datos de implantación, puesto que algunas sólo cuentan con contadores con sistemas de telelectura que apenas alcanza el 3% (Granada) o el 15% (Huelva) del parque total de contadores». En esta línea, avisa de que estas entidades tienen previsiones de desarrollo «inferiores al 10% o al 30%, muy lejos de los datos de otras capitales, con elevado grado de implantación de contadores digitales».. «Asimismo –concluye–, hemos observado que la mayoría de entidades cuentan con un grado de implantación de contadores digitales muy limitado, rondando el porcentaje sobre un parque total de contadores entre apenas un 1% hasta un 35%». En relación con las inversiones necesarias para acometer estas mejoras en el control del agua que se consume en entornos urbanos, el Defensor señala la «excesiva dependencia» de las ayudas de la Administración.. «Algunas entidades –reconoce– han señalado incluso que su situación económica-financiera no permite realizar una inversión de cambios de contadores de telegestión que dispone de información disponible para el abonado y que incluya sistemas de alerta para una reacción inmediata ante un consumo excesivo de agua por avería interior, considerando necesaria la ampliación de convocatorias públicas de subvenciones».. El Defensor también analiza la Ley de Economía Circular de Andalucía sobre la que «se ha suscitado un debate en torno a la interpretación que deba darse al alcance del plazo concedido para cumplimiento de la obligación de implantación de sistemas digitales de gestión de los recursos hídricos y las infraestructuras hidráulicas».. «Hemos de acoger las alegaciones de aquellas entidades suministradores que entienden que la norma no impone una digitalización del 100% del parque de contadores a esta fecha». Dichas suministradoras «justificaban que una interpretación en tal sentido supondría un esfuerzo inversor desmedido y que tendría impacto en la tarifa de explotación a cobrar luego a los usuarios del servicio a través de su amortización».
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