La Comunidad de Madrid ha aprobado este martes la normativa que establece la jornada partida como criterio general en los colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial. El Consejo de Gobierno ha autorizado el decreto que regula los horarios escolares, una medida que pretende mejorar el rendimiento académico de los alumnos, favorecer la conciliación y ampliar la capacidad de elección de las familias madrileñas, según ha expresado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel Martín. El texto determina que el horario se organice en dos sesiones de mañana y tarde, separadas por un intervalo de dos horas, con la posibilidad de mantener la opción de sesión continua en los meses de septiembre y junio.. Seguir leyendo
Los sindicatos CSIF, ANPE, UGT y CC OO se posicionan contra la medida: “A los niños se les deja, una vez más, aparcados el mayor horario posible”
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La Comunidad de Madrid ha aprobado este martes la normativa que establece la jornada partida como criterio general en los colegios públicos de Infantil, Primaria y Educación Especial. El Consejo de Gobierno ha autorizado el decreto que regula los horarios escolares, una medida que pretende mejorar el rendimiento académico de los alumnos, favorecer la conciliación y ampliar la capacidad de elección de las familias madrileñas, según ha expresado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel Martín. El texto determina que el horario se organice en dos sesiones de mañana y tarde, separadas por un intervalo de dos horas, con la posibilidad de mantener la opción de sesión continua en los meses de septiembre y junio.. La medida contenta a las familias y cabrea a profesores y sindicatos. Desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Francisco Giner de los Ríos valoran positivamente la aprobación, una decisión que, según piensan, favorece “el interés superior del menor”, además de mejorar la libertad de elección de centros por las familias. “Hay zonas en la Comunidad de Madrid en las cuales no hay oferta de colegios con jornadas partidas”, expresa la presidenta de la entidad, Carmen Morillas. Considera que el decreto flexibiliza y da mayor protagonismo a los progenitores en esta decisión.. “Llevamos 25 años solicitando debates y consensos sobre qué necesitamos precisamente para ajustarnos al interés superior del menor, ya que para nosotros el sistema educativo se debe adaptar al alumnado y no al contrario”, insiste Morillas. Pero la medida indigna a profesores y sindicatos. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Aida San Millán, se muestra crítica.. Sostiene que existen estudios que avalan la jornada intensiva como un sistema que permite a los menores estar menos cansados y mantener un horario mucho más adaptado a sus necesidades biológicas y pedagógicas. “Se cambia la normativa porque, de una manera bastante latente, se utilizan los centros educativos como guarderías y a los niños se les deja, una vez más, aparcados el mayor horario posible para que las familias puedan abordar las jornadas laborales maratonianas que nos ofrecen en los puestos de trabajo de la Comunidad de Madrid”, expresa.. Piensa que se desatienden las necesidades reales educativas y de los infantes. Tilda el decreto de “atropello” al considerar que no valora ni la postura del profesorado ni sus propuestas pedagógicas y didácticas. En los centros de nueva creación el horario partido se implantará de forma automática desde el inicio de las clases. La aprobación del decreto supone que la jornada continua solo se mantendrá en los centros que ya la aplican, mientras no se modifique el sistema.. Junto a este cambio en la organización del horario lectivo, también se ha modificado el proceso para solicitar el cambio de jornada, reduciendo mayorías. La modificación podrá realizarse antes del 15 de marzo de cada año y comenzará con la presentación de la solicitud formal. Para ello, los centros educativos públicos que lo deseen podrán tramitar y aprobar el cambio de su jornada escolar actual a la modalidad partida si al menos cuentan con el apoyo de un tercio del Consejo Escolar del centro, formado por padres, profesores, personal de administración y servicios, además de representantes municipales.. Hasta entonces, para iniciar este trámite se requería la aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros del Consejo. El procedimiento contemplará consultas al claustro y a este órgano de participación, así como a las familias, e incluirá una votación, presencial o telemática, en la que será necesario que la mayoría de los votos resulten favorables, según explica la Comunidad de Madrid en su página web.. Tras confirmarse el escrutinio, el presidente del Consejo Escolar informará de su resultado al claustro y a los miembros del órgano, y el director lo trasladará a la Dirección de Área Territorial correspondiente. Será su titular quien autorice el cambio, previo informe del Servicio de Inspección Educativa.. Condiciones laborales de los docentes. A la medida también se opone CSIF, desde donde han anunciado que estudian presentar un recurso judicial contra la iniciativa, “que no ha sido negociada con los sindicatos y afecta a las condiciones laborales de los docentes”. El presidente de esta entidad, Miguel Ángel González, es tajante: “Aquí vamos a dar la batalla hasta donde podamos llegar”. Critica la modificación de los criterios para los cambios de jornada, indicando que mientras antes se requería el 66% del censo de progenitores, ahora bastará con una mayoría simple en votaciones con baja participación. “No puede ser que cuatro o cinco padres tengan más poder que 150″, recalca.. La iniciativa tampoco gusta a los integrantes del sindicato ANPE, que la tachan de “despropósito normativo”. Insisten en que no se ha contado con la opinión del profesorado. También estudiarán la viabilidad jurídica de impugnar el texto para exigir “respeto, diálogo y sensatez”.. El secretario del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, Javier Becerra, incide en que la normativa “profundiza en el empeoramiento de los derechos laborales de los trabajadores”. Denuncia que no se especifica si se aportarán los recursos económicos y humanos necesarios para implantar el nuevo modelo, lo que desde su punto de vista evidencia que el sistema público “no entra en sus planes de futuro”.
