La Proposición de Ley de Modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor registrada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional «es un ajuste que sólo tiene como fin la adaptación de la cuantía de las sanciones económicas a la normativa estatal», según han informado fuentes del partido en un comunicado.
El acuerdo que alcanzaron PP y Vox para que estos últimos apoyaran los Presupuestos de la Comunidad para 2025 incluía, dentro de un total de 20 puntos, introducir cambios legislativos en la Ley del Mar Menor. La pasada semana, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, reclamaba que su formación seguía esperando el texto definitivo de la reforma.
Así, han señalado que «ni se modifican las restricciones ni las sanciones, únicamente se transpone el importe económico establecido en la ley 30/2022 de, 23 de diciembre, por el que se regula el sistema de la gestión de la PAC y otras materias conexas, que fija un régimen sancionador en materia de uso sostenible de nutrientes que establece un marco general de aplicación a todo el territorio nacional». Se trata, han apuntado, de una ley posterior a la aprobación de la del Mar Menor.
Según el PP, la actividad agrícola en el entorno del Mar Menor «seguirá siendo la más controlada de Europa. Lo que prohíbe hoy la Ley del Mar Menor sigue prohibido. No se trata de permitir nada que no estuviera permitido, sino de establecer la misma cuantía de las sanciones que para el resto de España».
El PP ha apuntado que «no tiene sentido que las sanciones aquí sean distintas cuando hay una norma estatal que las regula. Es como si por una infracción de tráfico se pagara más en la Región de Murcia que en el resto de comunidades autónomas».
Por otra parte, han explicado que se modifica una palabra del artículo 83. 4 de la Ley del Mar Menor que regula la pérdida del derecho al acceso de ayudas o subvenciones de la Comunidad. En concreto se sustituye la palabra «conllevarán» por «podrán conllevar». De los 86 artículos, 12 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, 9 disposiciones finales, una disposición derogatoria y 4 anexos, la modificación registrada por el GPP sólo afecta a la Disposición Adicional Cuarta y al punto 4 del artículo 83, han indicado.
Asimismo, añade una disposición adicional para adaptar la Ley del Mar Menor a aquellos aspectos que puedan afectarle cuando se apruebe de forma definitiva el Programa de Actuación de Zonas Vulnerables, ahora en fase de exposición pública.
El GPP ha registrado este ajuste de la Ley del Mar Menor, tras los trabajos llevados a cabo en la comisión del Mar Menor constituida para evaluar la aplicación de la norma tras cinco años desde su aprobación, han concluido.
Vox anuncia alegaciones
El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional ha anunciado que presentará enmiendas a la modificación de la Ley del Mar Menor registrada por el Partido Popular en el parlamento autonómico.
Asimismo, han apuntado que después del 6 de enero mantendrán una reunión con el sector para «fijar con claridad» su postura, según han indicado en un comunicado.
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Era una de las líneas rojas de Vox y una de las condiciones que pusieron encima de la mesa para facilitar la aprobación de los presupuestos regionales. La modificación de la ley del Mar Menor ha sido uno de los caballos de batallas de los de Antelo, que siempre han defendido que esta norma era una agresión a los agricultores murcianos, especialmente los del Campo de Cartagena, que han sido los principales afectados por esta iniciativa, cuyo fin último ha sido proteger la laguna salada de posibles agresiones externas. Desde su aprobación en 2020, los voxistas siempre han mostrado su desacuerdo con esta iniciativa, ya que entendían que dicha normativa se debía adaptar a las necesidades del sector primario, acuciado por el exceso de cargas burocráticas. Además, desde sus inicios han reclamado una mayor coordinación real con las necesidades los agricultores y los ganaderos murcianos, porque estimaban que esta ley llegó a la Asamblea Regional en un “estado de pánico”, después de que el Mar Menor sufriese varios colapsos, como la sopa verde o la mortandad masiva de peces.. Para cumplir con una de las exigencias de la formación que preside José Ángel Antelo, el Partido Popular ha accedido finalmente a llevar a cabo esa modificación, que pasa principalmente, según apuntan los populares, por un “ajuste” del régimen sancionador. El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha explicado que dicho ajuste “solo tiene un fin, que es adaptar la cuantía de las sanciones económicas a la normativa estatal, por tanto, no se modifican las restricciones, ni se modifican las sanciones”. Segado ha asegurado que la actualización de esta normativa se ha hecho contando con todos los sectores implicados y tras numerosas reuniones en el marco de la Comisión del Mar Menor, que se celebra en la cámara autonómica. En cualquier caso, el portavoz popular ha recordado que “la actividad agrícola en el entorno del Mar Menor sigue siendo la más controlada de toda Europa. Lo que hoy prohíbe la ley del Mar Menor seguirá prohibido cuando entre en vigor esta ley”. Desde el PP aseguran que dicha modificación del régimen sancionador solo persigue alinearse con la normativa estatal.. Por su parte, fuentes de Vox consultadas por LA RAZÓN han evitado por el momento hacer excesivas valoraciones y se han limitado a informar de que el partido presentará, después de las festividades navideñas, las alegaciones pertinentes a la norma, una vez que se hayan reunido con los sectores implicados. “Esta actuación se enmarca en el acuerdo presupuestario alcanzado y ha sido posible, gracias al impulso y al trabajo de Vox”, han trasladado en un escueto comunicado.. «Devorados por Vox». La valoración que hacen los partidos de izquierda en la Región sobre esta modificación de la ley del Mar Menor es claramente negativa. La portavoz del Partido Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha asegurado que este cambio en la norma “es el primer paso para derogar la ley que protege la laguna. El Partido Popular ha vendido el Mar Menor a la ultraderecha, a cambio de los presupuestos regionales”. Fernández ha recordado que el líder de su formación, Francisco Lucas, ofreció su mano tendida para la aprobación de las cuentas autonómica, con el fin de evitar lo que ellos califican los “chantajes” de Vox. Los socialistas murcianos han aprovechado esta cuestión para criticar duramente la gestión que ha hecho el Gobierno regional en asuntos como la ley de Participación Institucional, o el cambio de uso -que ellos denominan “cierre”- del centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz. En este sentido, desde el PSRM exigen a Miras el cumplimiento de esta normativa y denuncian que el Plan de Ordenación de Cuenca lleva “cinco años de retraso”. Carmina Fernández ha dicho que “una vez más, el Partido Popular asume el programa de Vox y aplica las políticas de la ultraderecha. Cuando acabe devorado por Vox, que no lloren”.. En la misma línea se ha expresado la portavoz del grupo Mixto en la Asamblea, María Marín, quien ha criticado que el cambio en esta ley se produce “con nocturnidad y alevosía, en plenas navidades”. La líder de Podemos en la Región coincide con los socialistas en que la modificación de esta normativa debilita aún más la protección de la laguna salada. Marín ha asegurado que esta reforma “rebaja las sanciones por contaminar la laguna y abre la puerta a que las empresas condenadas por infracciones graves o muy graves puedan seguir recibiendo subvenciones de la comunidad autónoma”.. Desde la formación morada insisten en que López Miras está sometido a la ultraderecha, ya que es capaz, apuntan, “de venderle hasta la joya de nuestro patrimonio natural, para seguir enganchado al sillón”.
Los populares plantean un «ajuste» del régimen sancionador para quienes contaminen la laguna, mientras que la izquierda les acusa de «venderse» a la ultraderecha
