Agentes de la Guardia Civil han impuesto dos sanciones económicas que suman 6.002 euros a una mujer de la provincia de León por organizar y operar una ruta de transporte escolar careciendo de la autorización administrativa necesaria.. La intervención se produjo el pasado mes de enero en el marco de la campaña especial de control de transporte escolar impulsada por la Dirección General de Tráfico, cuando efectivos del Equipo de Transportes del Destacamento de Tráfico de Astorga identificaron un vehículo que realizaba el traslado de dos menores sin cumplir los requisitos legales exigidos para esta actividad.. Durante la inspección, los agentes comprobaron que el vehículo carecía de la autorización VT para operar como taxi o vehículo de transporte con conductor.. Además, observaron que la placa de matrícula trasera había sido sustituida por una placa especial de fondo azul con caracteres alfanuméricos en blanco, un distintivo reservado exclusivamente para vehículos dedicados al transporte público de viajeros.. Esta circunstancia elevó la gravedad de los hechos al constituir un posible delito de falsedad documental, por lo que se dio aviso al Grupo de Investigación y Análisis del Sector de Tráfico de Castilla y León, que se hizo cargo de las primeras diligencias.. Las investigaciones posteriores permitieron constatar que la persona investigada era administradora única y propietaria de una empresa mercantil de transportes, lo que confirmó su responsabilidad directa en los hechos.. La falsificación de la placa de matrícula, al simular un vehículo habilitado para el transporte público cuando no lo estaba, motivó la apertura de diligencias por un delito tipificado en el artículo 392 del Código Penal, que contempla penas de prisión de seis meses a tres años y multas de seis a doce meses.. Dos infracciones acumuladas por carecer de títulos habilitantes. La actuación de la Guardia Civil se saldó con la formulación de dos denuncias administrativas por vulneraciones del Reglamento de Transportes. La primera, por carecer de la autorización específica para realizar transporte escolar, fue sancionada con 2.001 euros.. La segunda, por no disponer del título habilitante necesario para efectuar transporte regular de escolares, alcanzó los 4.001 euros. Ambas cuantías suman el total de 6.002 euros que la infractora deberá abonar a la administración.. El caso pone de relieve la importancia de los controles periódicos que realiza la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para garantizar la seguridad en los desplazamientos de menores.. La utilización de vehículos no autorizados para el transporte escolar supone un riesgo añadido, ya que estos no están sujetos a las mismas revisiones técnicas ni a los requisitos de seguro y cualificación del conductor que exige la normativa para las rutas regladas.. La investigación por el delito de falsedad documental continúa su curso en sede judicial, a la espera de que se determine la responsabilidad penal de la conductora.
La Guardia Civil detectó en Astorga a una conductora que transportaba a dos menores sin la preceptiva habilitación y con una placa falsa de taxi en la parte trasera del vehículo
Agentes de la Guardia Civil han impuesto dos sanciones económicas que suman 6.002 euros a una mujer de la provincia de León por organizar y operar una ruta de transporte escolar careciendo de la autorización administrativa necesaria.. La intervención se produjo el pasado mes de enero en el marco de la campaña especial de control de transporte escolar impulsada por la Dirección General de Tráfico, cuando efectivos del Equipo de Transportes del Destacamento de Tráfico de Astorga identificaron un vehículo que realizaba el traslado de dos menores sin cumplir los requisitos legales exigidos para esta actividad.. Durante la inspección, los agentes comprobaron que el vehículo carecía de la autorización VT para operar como taxi o vehículo de transporte con conductor.. Además, observaron que la placa de matrícula trasera había sido sustituida por una placa especial de fondo azul con caracteres alfanuméricos en blanco, un distintivo reservado exclusivamente para vehículos dedicados al transporte público de viajeros.. Esta circunstancia elevó la gravedad de los hechos al constituir un posible delito de falsedad documental, por lo que se dio aviso al Grupo de Investigación y Análisis del Sector de Tráfico de Castilla y León, que se hizo cargo de las primeras diligencias.. Las investigaciones posteriores permitieron constatar que la persona investigada era administradora única y propietaria de una empresa mercantil de transportes, lo que confirmó su responsabilidad directa en los hechos.. La falsificación de la placa de matrícula, al simular un vehículo habilitado para el transporte público cuando no lo estaba, motivó la apertura de diligencias por un delito tipificado en el artículo 392 del Código Penal, que contempla penas de prisión de seis meses a tres años y multas de seis a doce meses.. La actuación de la Guardia Civil se saldó con la formulación de dos denuncias administrativas por vulneraciones del Reglamento de Transportes. La primera, por carecer de la autorización específica para realizar transporte escolar, fue sancionada con 2.001 euros.. La segunda, por no disponer del título habilitante necesario para efectuar transporte regular de escolares, alcanzó los 4.001 euros. Ambas cuantías suman el total de 6.002 euros que la infractora deberá abonar a la administración.. El caso pone de relieve la importancia de los controles periódicos que realiza la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para garantizar la seguridad en los desplazamientos de menores.. La utilización de vehículos no autorizados para el transporte escolar supone un riesgo añadido, ya que estos no están sujetos a las mismas revisiones técnicas ni a los requisitos de seguro y cualificación del conductor que exige la normativa para las rutas regladas.. La investigación por el delito de falsedad documental continúa su curso en sede judicial, a la espera de que se determine la responsabilidad penal de la conductora.
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